Los recientes fenómenos meteorológicos de gran intensidad que han azotado nuestro territorio, especialmente a la zona centro-sur de Chile, han expuesto con crudeza la extrema vulnerabilidad de nuestras áreas urbanas e infraestructura vial. La severidad de las precipitaciones con isotermas altas ha desencadenado desbordes de ríos como el Biobío, Cachapoal, Mataquito y Maule, inundando vastos sectores habitacionales e infraestructuras críticas.
Los datos grafican la magnitud del desastre: miles de personas evacuadas, más de 20.000 viviendas con severos daños estructurales, y más de 40.000 damnificados en las regiones del O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. A este balance social hay que agregar las pérdidas millonarias en conectividad vial, y la interrupción de servicios básicos de agua potable, electricidad, telefonía móvil e internet.
Las causas de estos desastres residen en décadas de planificación territorial deficiente, centralizada y desactualizada. Gran parte del crecimiento urbano en ciudades intermedias del centro-sur se ha asentado sobre llanuras de inundación, humedales y lechos históricos de ríos. La masiva impermeabilización del suelo mediante pavimentación y hormigón ha impedido la infiltración natural de las aguas lluvias, transformando muchas avenidas principales en canales de escorrentía rápida e incontrolable. Asimismo, los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), como los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, han operado con una lógica reactiva, careciendo de mapas de riesgo dinámicos y actualizados frente al cambio climático. A esto, hay que sumar la gestión fragmentada de las cuencas hidrográficas, que trata los cursos de agua como simples canales de evacuación o límites administrativos, en lugar tratarlos como de sistemas ecológicos continuos que requieren un manejo integral.
Un análisis robusto exige superar la narrativa de la "catástrofe natural" e identificar los fallos de gobernanza que perpetúan el riesgo. Si bien los sistemas de alerta temprana y la respuesta ante emergencias liderada por SENAPRED han mostrado mejoras en la evacuación oportuna de personas, el ciclo de reconstrucción sigue atrapado en una lógica ineficiente de "reparar en el mismo lugar". Es así como la infraestructura gris tradicional - como defensas fluviales rígidas de gaviones y muros de hormigón- ha demostrado ser insuficiente para enfrentar aumentos de caudales que superan los promedios o máximos históricos.
El problema continúa abordándose mediante una lógica sectorial desconectada, donde la vivienda, las obras públicas, el medio ambiente y el desarrollo urbano operan en compartimentos estancos sin una visión unificada del territorio. Esto debe cambiar. Para transitar desde la vulnerabilidad hacia una resiliencia urbana efectiva se requieren soluciones estructurales de carácter político, institucional y técnico. En primer lugar, se debe avanzar hacia una Gobernanza Integrada de Cuencas Hidrográficas, dotando a los Comités de Cuencas de atribuciones vinculantes sobre los planes reguladores locales, de modo que el ciclo del agua defina los límites de la expansión urbana y no al revés. En segundo término, se debe concretar una reforma legal que obligue a la actualización quinquenal de los mapas de riesgo climático y prohíba definitivamente la edificación en zonas de alta vulnerabilidad, estableciendo programas de reasentamiento planificado e indemnización para las familias expuestas. En tercer lugar, el Estado debe reorientar su inversión pública desde la infraestructura gris rígida hacia las Soluciones Basadas en la nNaturaleza (SbN). Esto implica entre otros, la restauración sistemática de humedales urbanos y la creación de parques inundables. Sin una transformación institucional profunda, no habrá cambios estructurales y sin ellos, seguiremos improvisando frente a cualquier tipo de emergencia.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile