Bruselas investiga si España concedió una ayuda ilegal al indemnizar a un grupo japonés

La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación en profundidad para determinar si la indemnización de 23,5 millones de euros que un tribunal arbitral ordenó pagar a España a la compañía japonesa JGC Holdings por los cambios introducidos en el régimen de apoyo a las energías renovables constituye una ayuda de Estado incompatible con las normas de la Unión Europea.

Bruselas considera, por el momento, que tanto el laudo arbitral como el pago de la indemnización podrían constituir una ayuda de Estado, al otorgar a la empresa una ventaja económica derivada del antiguo régimen español de apoyo a las renovables, que --señala-- nunca fue notificado al Ejecutivo comunitario para su aprobación.

El expediente tiene su origen en la reforma aprobada por el Gobierno en 2013, que modificó las condiciones del sistema de apoyo vigente desde 2007 y extendió esos cambios a instalaciones que ya recibían estas subvenciones. Tras esa revisión, JGC, un grupo japonés con inversiones en renovables en España, recurrió al arbitraje al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía al considerar que las nuevas condiciones habían perjudicado sus intereses económicos.

Un tribunal arbitral concluyó en 2021 que España había incumplido el Tratado sobre la Carta de la Energía y le ordenó pagar una indemnización de 23,5 millones de euros, además de intereses y costas. Los derechos del laudo fueron cedidos posteriormente al fondo estadounidense Blasket Renewables Investment, que ha promovido su ejecución en varios países, entre ellos Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica, y al que, según la Comisión, España ya ha abonado la cantidad correspondiente.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario argumenta que la indemnización podría vulnerar el reparto de competencias establecido en los Tratados de la UE, al entender que dicho tribunal sustituyó con su decisión la evaluación que corresponde realizar en exclusiva a la Comisión sobre la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado interior.

Además, Bruselas duda de que la compensación cumpla los requisitos exigidos por la normativa europea para autorizar ayudas públicas a proyectos de energías renovables. En este sentido, examinará si ese apoyo adicional era necesario, si tenía un efecto incentivador y si resulta proporcionado, así como si concede a JGC una ventaja que pueda falsear la competencia, teniendo en cuenta que las instalaciones de la compañía ya se beneficiaban del régimen de ayudas aprobado por España en 2013, según señala el Ejecutivo comunitario.

La apertura de la investigación ofrece ahora a España y al resto de partes interesadas la posibilidad de presentar alegaciones antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de ayudas de Estado.