El organismo pide a ambos que firmen ya la hoja de ruta para iniciar los 14 días de preparativos
MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Paz de Gaza ha exigido este viernes a Israel y a Hamás el cese inmediato de hostilidades y que firmen la hoja de ruta presentada por esta organización internacional, dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concebida para guiar la transición del enclave palestino en la posguerra, como paso previo al inicio de la segunda fase del plan 14 días después de la rúbrica.
Tanto Hamás como Israel deben completar "plenamente y sin demora" todos los compromisos bajo el protocolo acordado el año pasado en Sharm el Sheij (Egipto); el documento regula los pasos iniciales del plan, entre ellos dos puntos cruciales: el principio de la retirada de Israel y el desarme de Hamás.
Sobre este último aspecto, la publicación de las líneas generales de esta hoja de ruta ocurre después de que Trump anunciara que Hamás había aceptado comenzar el mencionado desarme, si bien el movimiento islamista palestino ha exigido garantías de que Israel se va marchar del territorio que ocupa en la Franja.
La agenda y los mecanismos de implementación se prepararán dentro de los 14 días posteriores a la aprobación de la hoja de ruta que ha presentado la Junta de Paz. A partir de ahí, comenzará una nueva fase con la entrada del gobierno de tecnócratas palestinos, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que dirigirá el enclave, que colaborará a su vez con la Fuerza de Estabilización Internacional encargada de mantener la seguridad.
AUDITORÍA Y RECONSTRUCCIÓN
Una vez que asuma plenamente sus responsabilidades en Gaza, el CNAG mantendrá la continuidad de las instituciones civiles y los servicios públicos.
A partir de ahí comienza un periodo de tres años de trabajos intensivos del nuevo gobierno palestino, que tendrá entre sus prioridades la ejecución de una "auditoría integral de los asuntos financieros y administrativos en Gaza, y protegerá, recuperará y administrará los activos y recursos públicos".
El comité buscará evaluar los compromisos legítimos con proveedores, contratistas y otras partes, "hasta un monto total de no más de 400 millones de dólares" en el comienzo de una serie de medidas de gobierno que serán implementadas "de manera gradual, en un plazo de tres años".
"El avance de una fase a la siguiente", en cualquier caso, "estará condicionado a la verificación del cumplimiento de los compromisos de la fase anterior", ha manifestado la Junta de Paz.