Por 80 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó el informe de comisión mixta que despejó el único punto pendiente del proyecto (boletín 18216) para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.
La disposición, específicamente, definía un aporte del fisco de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM) para compensar la menor recaudación de los municipios por la aplicación de la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.
La solución presentada por la mixta y aprobada por la Cámara pasa por eliminar el aporte fiscal específico recién mencionado y definir un mecanismo de compensación estatal por la vía de la Ley de Presupuestos que considerará la recaudación dejada de percibir por la aplicación de la exención del impuesto territorial a los adultos mayores. Esta distribución la efectuará la Tesorería General de la República.
La menor recaudación se estimará anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y se informará a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería.
La transferencia de los recursos compensatorios a cada municipalidad estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos copulativos:
Haber entregado íntegra y oportunamente la información mensual exigida en la Ley 21.306 (nómina de trabajadores y honorarios, remuneraciones y demás contraprestaciones pagadas). La Dipres informará a Tesorería las municipalidades que mantengan pendiente el cumplimiento de dicha obligación.
Acreditar anualmente, al 15 de abril del año respectivo, una reducción de, a lo menos, un 30% en el plazo promedio de tramitación de los permisos municipales, respecto del promedio correspondiente al período entre el año 2023 y el 2025.
El cumplimiento de los requisitos los verificará la Dipres, en tanto que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo comprobará anualmente que se cumpla la obligación de compensación. Y, en el ámbito de sus competencias, propondrá los ajustes presupuestarios, administrativos o reglamentarios necesarios.
Adicionalmente, la mixta estableció un nuevo mecanismo para el cobro de deudas por patentes municipales y derechos de aseo. Para ello, los municipios enviarán a Tesorería una nómina de los contribuyentes en mora.
Las cantidades percibidas por este concepto se ingresarán y contabilizarán en una cuenta especial. Dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al de su recaudación, Tesorería enterará a cada municipalidad acreedora la totalidad de lo percibido por concepto de capital, reajustes, intereses y multas. Se adjuntará una rendición detallada por deudor.
Discusión del proyecto de reconstrucción nacional
En el debate participaron Eileen Urqueta, Javier Olivares, Marisela Santibáñez, Carolina Cucumides, Agustín Romero, Jorge Brito, César Valenzuela, Ignacio Achurra, Flor Weisse, Valentina Cáceres, Luis Alberto Cuello, Daniel Manouchehri, José Montalva, Diego Schalper, Pier Karlezi, Carlos Cuadrado, Luis Malla, Paulina Muñoz y Carolina Tello.
Desde el oficialismo y PDG se remarcó la necesidad de avanzar en la línea propuesta por la mixta. Se estimó que es una adecuada solución para avanzar en la exención de contribuciones para los adultos mayores con la necesaria compensación a los municipios que dejarán de percibir dichos recursos. Además, se relevó que el Ejecutivo fue flexible en la materia, efectuando un mecanismo que fue en la línea de lo solicitado por las municipalidades.
Otra visión, expresada desde la oposición, sostuvo que no habrá una compensación real y criticó las exigencias impuestas a los municipios para percibir los recursos. Asimismo, se refutó que se entregue a Tesorería la facultad de cobro de patentes y tarifas de aseo, dada la experiencia de los deudores CAE.
Desde el Partido Libertario, en tanto, se objetó el mal uso que se hace en algunos municipios de los recursos públicos. En tal plano, plantearon su oposición a entregar una compensación a las municipalidades, exigiendo que previamente ordenen sus finanzas.
Otras consideraciones del proyecto
Cabe recordar que el resto del articulado ya contaba con la aprobación de las dos cámaras. De tal modo, una vez que el Senado vote el texto planteado por la mixta, el proyecto de reconstrucción nacional podrá pasar a consideración del Ejecutivo que, eventualmente, tiene la potestad de presentar observaciones al texto despachado por el Congreso Nacional.
El proyecto de reconstrucción nacional también pasar por el Tribunal Constitucional, dada las variadas reservas de constitucionalidad formuladas por las y los diputados. Ellas apuntan a materias medioambientales (acotamiento de trámites, falta de consulta indígena, restringe la apelación de las comunidades, derecho a indemnización con cargo fiscal); sobre la invariabilidad tributaria de 10 a 20 años, para inversiones locales o extranjeras (por afectar la igualdad tributaria entre los contribuyentes); y vulneración a la idea matriz, al incluirse una norma que elimina el registro histórico de deudas.
Esta iniciativa se sostiene sobre la base de cinco ejes: