Respuesta a Gabriel Caldés, Consejero CPI
(Respuesta a la columna de opinión de Gabriel Caldés del 02-07-2026: “El necesario aporte del agro a la seguridad hídrica”)
Sr. Director,
Lamento verme en la necesidad de disentir de las afirmaciones del Sr. Gabriel Caldés, consejero del CPI, quien reitera, sin los matices indispensables, la tesis de que la agricultura no estaría realizando el esfuerzo que le corresponde frente a la creciente escasez hídrica.
Esa afirmación desconoce realidades objetivas.
La estructura de la agricultura chilena es consecuencia directa de una política pública: la Reforma Agraria, que expropió cerca de 5.800 predios, comprendiendo prácticamente toda la superficie regada del país. Como resultado de ese proceso, hoy un tercio de la superficie regada pertenece al 75% de pequeños productores; otro tercio al 15% de agricultores medianos; y el tercio restante al 10% de los grandes agricultores.
También omite reconocer el extraordinario esfuerzo inversor realizado por el sector. Según el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, al año 2021 el riego tecnificado ya alcanzaba el 51,1% de la superficie regada del país, porcentaje que en la provincia de Colchagua llega al 59%. Ello ha sido posible gracias a una virtuosa política pública que complementó la inversión privada mediante bonificaciones estatales, acelerando la modernización del riego.
A ello se suma una evidente inequidad tributaria. Las contribuciones agrícolas se calculan sobre avalúos de predios de pleno riego, pese a que en la mayoría de las cuencas las disponibilidades naturales de agua no alcanzan siquiera al 50% de la dotación considerada normal.
Más que insistir en diagnósticos conocidos, el país necesita que quienes participan en el debate impulsen soluciones. Persisten rigideces regulatorias que mantienen cerrados numerosos acuíferos sobre la base de criterios ya superados, pese a que hoy existen conocimientos y tecnologías que permiten gestionarlos diferenciando adecuadamente aquellos con capacidad de recarga natural o artificial.
La agricultura está disponible para impulsar nuevas obras de regulación y almacenamiento, siempre que ellas respondan a las realidades de cada cuenca. Para ello existe desde 1981 el DFL N.º 1.123, que precisamente reconoce la diversidad del sector y establece subsidios de hasta un 80% para pequeños agricultores, 50% para medianos y 20% para grandes productores.
Sería mucho más valioso que el CPI promoviera una agenda destinada a remover estas trabas regulatorias; a impulsar programas masivos de recarga de acuíferos, tanto natural como artificial; y a defender el interés público frente al creciente intento de las empresas sanitarias de acceder a recursos hídricos de la agricultura, mientras mantienen subutilizadas importantes reservas de aguas subterráneas y promueven esquemas de intercambio de aguas servidas tratadas por aguas naturales provenientes de otras subcuencas.
Del mismo modo, el CPI podría abrir un debate ineludible sobre los límites de la expansión urbana de Santiago. Continuar extendiendo la ciudad sobre suelos agrícolas no solo favorece determinados intereses económicos, sino que incrementa la presión sobre los recursos hídricos destinados a la producción de alimentos y acelera el proceso de desertificación de la Región Metropolitana.
La agricultura ha demostrado con hechos su disposición a invertir, modernizarse y adaptarse. Es tiempo de que las políticas públicas y los centros de pensamiento hagan lo propio, sustituyendo prejuicios por evidencia y rigideces por innovación.
No es la agricultura la que está en deuda con el país. Son las políticas públicas las que llevan demasiado tiempo en deuda con una gestión moderna del agua.
Patricio Crespo Ureta
Agricultor, Dirigente de regantes de la Cuenca Rapel
