IFP del segundo trimestre actualiza las proyecciones fiscales para 2026 y el marco de mediano plazo 2027–2030

La Dirección de Presupuestos (Dipres) compartió los principales lineamientos de este Informe de Finanzas Públicas que incorpora las metas fiscales del Gobierno para su período de cuatro años.

El aspecto principal de este informe es la incorporación de las metas fiscales del Gobierno para su período de cuatro años. "Son metas exigentes, pero realistas y posibles, que muestran un compromiso claro con la convergencia hacia el balance en el mediano plazo y la estabilización de la deuda, cuyo nivel ancla se mantiene en 45% del PIB", señaló el director de Presupuestos, José Pablo Gómez Meza.

Se publican las metas de balance estructural del período presidencial, fijadas en el Decreto de Política Fiscal: una convergencia desde un déficit estructural de 2,6 del PIB en 2026 hasta 1,5% en 2030, manteniendo el ancla de deuda en 45% del PIB. El decreto incorpora los cambios metodológicos a la regla de balance cíclicamente ajustado recomendados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El déficit efectivo de 2026 se proyecta en 2,0% del PIB y el estructural en 2,6% del PIB, cifras que mejoran respecto del IFP 1T26 (−2,4% y −2,8%) y que cumplen con la meta establecida en el Decreto de Política Fiscal. La mejora del balance efectivo se explica por mayores ingresos mineros (cobre y litio) y por una contención adicional del gasto por $709.993 millones.

El cumplimiento de las metas requiere que el gasto converja por debajo de su nivel actualmente comprometido: las holguras fiscales permanecen negativas durante todo el horizonte 2027-2030, fluctuando entre −0,2% y −0,5% del PIB por año. El IFP subraya que para cerrar las holguras inciden tanto las medidas de contención y monitoreo del gasto, como las gestiones relacionadas a ingresos y el cambio de las condiciones macroeconómicas y estructurales.

Se presenta un detalle del sistema de monitoreo y evaluación de programas, que cuenta con un reconocimiento internacional de organismos que coinciden en que es técnicamente sólido pero que puede aumentar su incidencia en la asignación presupuestaria.

Se considera una mirada patrimonial de largo plazo, que considera los ingresos y obligaciones de las empresas públicas, solicitando una planificación estratégica, indicadores financieros y operacionales, constituyendo una visión de portafolio que permite anticipar riesgos patrimoniales y fiscales.

Las proyecciones son consistentes con la meta fiscal y el ancla de 45% del PIB. Con el gasto compatible con la meta, la deuda bruta se mantiene por debajo del nivel prudente durante todo el horizonte, cerrando 2030 en 44,1% del PIB. Bajo gasto comprometido, en cambio, la deuda superaría el 45% a partir de 2029 (45,5% en 2030), lo que ilustra la magnitud del esfuerzo requerido.

El informe presenta una proyección de la deuda bruta que se deduce directamente del balance fiscal y de las operaciones bajo la línea, eliminando la partida residual de conciliación ("flujos de consolidación"). Esto fortalece la trazabilidad, consistencia y transparencia entre las proyecciones fiscales y de deuda. La deuda bruta cierra 2026 en 42,7% del PIB.

Se presenta un escenario alternativo -en línea con la recomendación del CFA- que incorpora la aprobación del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Este eleva el crecimiento (3,7% en 2027) y reduce la deuda de largo plazo.