Señor director:
El reclutamiento de menores por el crimen organizado no es solo un drama social, sino una estrategia operativa que explota deliberadamente la inimputabilidad penal. Las bandas instrumentalizan a los jóvenes porque el sistema judicial los devuelve rápidamente a las calles. En un Chile con cárceles colapsadas y en un contexto de creciente debate sobre la eficacia de nuestro sistema judicial, la solución solo de bajar la edad de castigo puede saturar aún más la infraestructura penal, además de aplicar medidas de "mano dura" que resultarán incompletas sin prevención.
Un país en desarrollo debe cortar este flujo desde la gestión local y la especialización judicial. Primero, se requieren tribunales de ejecución penal juvenil robustos que fiscalicen en tiempo real las sanciones, evitando la contaminación criminal. Segundo, el Estado debe arrebatar el control territorial mediante intervenciones de alta intensidad en barrios críticos, vinculando subsidios familiares directamente a la retención escolar obligatoria.
La respuesta exige una persecución penal inteligente que sancione con severidad extrema al adulto que utiliza a niños como herramientas desechables, acompañada de una presencia estatal táctica que combata la deserción escolar. No podemos seguir con un enfoque puramente reactivo. Cortar el incentivo de la impunidad y ofrecer alternativas reales en los entornos vulnerables es una vía efectiva para frenar la ola de delitos y proteger a la infancia.
Juan Castañeda
Doctor en Sociología - Académico Universidad Autónoma de Chile
