El mercado del crédito a personas enfrenta una creciente amenaza derivada de la expansión de redes ilícitas que combinan crédito informal, lavado de activos, fraude financiero y ciberdelincuencia, fenómeno que ya moviliza más de US$4.000 millones anuales, afecta a alrededor de 600.000 personas y genera una pérdida superior a US$100 millones al año en recaudación tributaria, según un reporte elaborado por la Asociación del Retail Financiero y presentado a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
El informe sostiene que la exclusión de cientos de miles de personas del sistema financiero formal ha permitido la consolidación de un mercado paralelo de financiamiento altamente atractivo para organizaciones criminales nacionales y transnacionales, las que han encontrado en el crédito informal una fuente creciente de ingresos y un mecanismo para expandir otras actividades ilícitas.
Aunque el crédito informal opera a nivel nacional, el estudio identifica focos de mayor riesgo en la Macrozona Norte, debido a la presencia de corredores delictuales y vulnerabilidad fronteriza; en la Macrozona Sur, donde el Ministerio Público ha detectado un fuerte aumento de préstamos usureros y extorsiones; y en la Región Metropolitana y Valparaíso, donde ferias libres, galerías comerciales, campamentos y plataformas digitales se han convertido en canales relevantes para la captación de clientes.
Un mercado paralelo que ya representa cerca del 9% del crédito de consumo
De acuerdo con las estimaciones del estudio, alrededor de 600 mil personas recurren actualmente a mecanismos de financiamiento informal o ilícito, lo que representa aproximadamente el 9% del mercado crediticio de personas.
El mercado informal de crédito —excluyendo préstamos hipotecarios— tendría un tamaño anual estimado entre US$3.000 millones y US$4.700 millones, con una estimación central cercana a US$4.700 millones.
Asimismo, el informe estima que entre US$900 millones y US$1.900 millones en colocaciones potenciales dejan de ser capturadas cada año por el sistema financiero formal debido al desplazamiento de esta demanda hacia oferentes ilegales.
Exclusión financiera y crimen organizado
El reporte plantea que uno de los factores que ha contribuido al crecimiento de este mercado fue la reducción de la Tasa Máxima Convencional establecida en la reforma de la Ley N.º 18.010 de 2013. Según antecedentes de la propia CMF, cerca de 300.000 personas quedaron excluidas del crédito formal tras la entrada en vigencia de dicha reforma, cifra que posteriormente habría aumentado debido al endurecimiento de las condiciones de acceso al financiamiento y al fuerte crecimiento migratorio registrado durante la última década.
"Si bien la reforma permitió reducir el costo del crédito para miles de personas que permanecieron dentro del sistema, también generó un espacio que hoy es aprovechado por organizaciones criminales para ofrecer financiamiento a quienes quedaron fuera del mercado regulado", sostiene el documento.
Respuesta estatal insuficiente
La Asociación del Retail Financiero advierte que la respuesta institucional frente a este fenómeno continúa siendo fragmentada y reactiva.
El informe sostiene que actualmente no existe un sistema de coordinación permanente entre la CMF, SERNAC, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones relevantes que permita abordar el problema de manera integral.
Además, señala que la legislación vigente no responde adecuadamente al surgimiento de aplicaciones de crédito, plataformas digitales fraudulentas y nuevos mecanismos de financiamiento ilegal que operan al margen de la regulación.
El reporte plantea tres prioridades urgentes para enfrentar el avance del crédito informal: Fortalecer las facultades fiscalizadoras de la CMF y el SERNAC para bloquear aplicaciones fraudulentas, cerrar operadores ilegales y sancionar plataformas que faciliten su difusión. Además de adaptar el marco regulatorio para reincorporar al sistema financiero formal a consumidores de microcrédito actualmente captados por organizaciones criminales, junto con implementar una estrategia nacional de educación financiera que permita a la ciudadanía identificar oferentes formales e informales y conocer sus derechos.
Puedes revisar el informe completo en este link.
