Función Pública y CSIF arrancan la negociación para mejorar el mutualismo administrativo y las clases pasivas
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han constituido este viernes el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo y clases pasivas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.
La creación de este grupo de trabajo está incluido en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado noviembre por CSIF y otras organizaciones sindicales con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Entre las principales reivindicaciones de CSIF figuran el análisis de la situación actual del mutualismo administrativo y la adopción de medidas para garantizar su mantenimiento y mejora. Además, pide la mejora de los estándares de calidad de la prestación asistencial que reciben los empleados público y revisión del copago farmacéutico, así como la eliminación de cualquier discriminación en la prestación asistencial respecto al Régimen General de la Seguridad Social.
Asimismo, el sindicato reclama el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, incentivos para que los empleados públicos retrasen voluntariamente su jubilación una vez alcanzado el 100 % de la pensión y la aplicación del complemento para reducir la brecha de género a las jubilaciones voluntarias de clases pasivas en las mismas condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social.
CSIF elaborará de forma más concreta sus propuestas basadas en estos ejes, y las remitirá al grupo de trabajo con el objetivo de fijar a partir del mes de septiembre un calendario de negociación para la implantación de estas medidas.
Además, el sindicato señala que está trabajando de forma paralela en otros ámbitos para acelerar estas mejoras. En concreto, ha propuesto en el Congreso un copago farmacéutico común -con independencia de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo-, y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.
Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto- Ley 11/2026, de 12 de mayo y actualmente en plazo de enmiendas.
En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.
En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.
La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.
La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayo
