BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha reclamado este jueves que el acceso a una vivienda digna y asequible sea abordado como un derecho fundamental que proteger en la Unión, al tiempo que ha avisado de la necesidad de medidas contra la explotación laboral y discriminación de los trabajadores extracomunitarios.
"La Unión y sus Estados miembro deben denunciar la creciente presión sobre las garantías jurídicas y procesales que traducen nuestros valores fundacionales en garantías prácticas", ha sostenido la directora de este órgano consultivo de la UE, Sirpa Rautio.
Según los datos recogidos en el informe anual sobre los Derechos Fundamentales en la UE que este jueves publica la FRA, se estima que cerca de 1,3 millones de personas se encuentran sin hogar en la Unión Europea, incluidos 400.000 niños que viven en la calle o en albergues temporales. Ello ocurre en un contexto en el que los precios de la vivienda aumentaron un 53,4% y los alquileres un 16,8% de media en la UE en una última década (2015-2024).
Así las cosas, el aumento de los precios y la falta de "alternativas sociales y asequibles" de vivienda han derivado en una crisis de vivienda en la Unión, con cada vez más personas que no pueden acceder a un hogar, con el consiguiente riesgo de exclusión social y situación de 'sinhogarismo'.
La agencia europea concede que las políticas en materia de vivienda son una cuestión de competencia nacional, pero advierte también de que la legislación comunitaria recoge "obligaciones" en materia de vivienda para los Estados miembro en su marco regulatorio, incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que reconoce el derecho a asistencia para garantizar una "existencia digna" de aquellos que no tienen medios suficientes para acceder a la vivienda.
Por ello, FRA insta a la Comisión Europea a que el plan europeo de vivienda asequible se desarrolle desde un "enfoque basado en los Derechos Humanos" para asegurar una vivienda asequible y fundamentar las políticas europeas diseñadas en este campo desde el prisma de los Derechos Fundamentales de la Unión y del Derecho internacional de los Derechos Humanos.
Otro elemento de preocupación para la agencia es la explotación laboral y discriminación que enfrentan los trabajadores extracomunitarios que llegan a la Unión Europea para cubrir la falta de mano de obra en determinados sectores, pero que encuentran barreras como el no reconocimiento de su formación y chocan con el endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión y posiciones antimigración que se afianzan en varios Estados miembro.
En este contexto, FRA insiste en el riesgo para los trabajadores de terceros países de sufrir explotación laboral, por ejemplo por llegar con permisos de residencia vinculados a un trabajo determinado y "con derechos limitados". "Las personas que sufren explotación apenas tienen vías reales para obtener justicia o compensación", señala el informe.
Así las cosas, la agencia reclama en este área medidas que permitan ampliar las oportunidades para que los extracomunitarios accedan de manera "justa e igualitaria" en los mercados laborales, por ejemplo mediante el reconocimiento de las titulaciones extranjeras, el fomento del acceso temprano al mercado laboral y a la formación y la lucha contra la discriminación y las agencias de empleo que practican la explotación.
Las trabas políticas y empresariales que la UE ha encontrado a la hora de "regular y proteger" los espacios en Internet es otro de los elementos de mayor preocupación para la FRA, que avisa de que la sociedad está cada vez más expuesta a discursos de odio y desinformación online, mientras que grandes plataformas "bloquean o eliminan injustamente opiniones legítimas" y la falta de transparencia sobre su actividad complica aplicarles la nueva legislación comunitaria para servicios digitales.
Por ello reclama exigir a las plataformas en línea que asuman su responsabilidad para hacer frente a las crecientes amenazas en redes contra los Derechos Fundamentales y la democracia, al tiempo que defiende la aplicación de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) como un instrumento "fundamental" para defender los derechos de los usuarios.
