Regulación a Cooperativas y el riesgo para la inclusión financiera
La discusión sobre la regulación financiera en Chile ha vuelto a instalar una tensión jurídica y económica de fondo: ¿resulta razonable exigir a las cooperativas de ahorro y crédito estándares equivalentes a los de la banca tradicional, cuando ambas operan bajo estructuras patrimoniales, corporativas y operacionales profundamente distintas?
Esa es la preocupación que recientemente han manifestado diversas cooperativas frente a las nuevas exigencias impulsadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), advirtiendo que el aumento sostenido de la carga regulatoria podría afectar seriamente la viabilidad de muchas entidades del sector.
Las nuevas obligaciones en materias de protección de datos personales, ciberseguridad, finanzas abiertas, sistema de deuda consolidada, prevención del delito y cumplimiento normativo, han intensificado este debate.
La discusión, sin embargo, no gira en torno a la necesidad de supervisión. Nadie cuestiona que las cooperativas de ahorro y crédito deban operar bajo estándares adecuados de solvencia, control y transparencia. El problema radica en la creciente tendencia a aplicar a estas entidades criterios regulatorios diseñados para instituciones bancarias de gran escala, sin atender a las diferencias estructurales que existen entre ambos modelos.
Las cooperativas de ahorro y crédito no son bancos. Su finalidad no consiste en maximizar utilidades para accionistas, sino en otorgar servicios financieros a sus socios conforme a principios de ayuda mutua, y participación democrática. Su estructura patrimonial suele ser considerablemente menor a la de la banca, al igual que sus capacidades tecnológicas, administrativas y de cumplimiento regulatorio.
Mientras los grandes bancos cuentan con departamentos especializados en compliance, auditoría interna, gestión de riesgos y recursos tecnológicos significativos, muchas cooperativas operan con equipos reducidos y márgenes financieros estrechos. En ese contexto, imponer obligaciones regulatorias equivalentes, sin criterios de proporcionalidad, genera efectos desiguales y particularmente gravosos para el sector cooperativo.
El riesgo es evidente. Una regulación excesivamente onerosa puede terminar debilitando o incluso excluyendo del mercado a instituciones que cumplen un rol esencial en materia de inclusión financiera. En numerosas comunas y sectores rurales, las cooperativas representan una de las pocas alternativas reales de acceso al crédito para personas, trabajadores y MIPYMES que frecuentemente quedan fuera del sistema bancario tradicional.
Paradójicamente, una regulación concebida para fortalecer la estabilidad financiera podría terminar produciendo el efecto contrario: reducir la diversidad del sistema financiero chileno y aumentar aún más su concentración en los grandes actores bancarios.
No se trata de solicitar privilegios regulatorios ni espacios de excepción, sino de reconocer que aplicar idénticas exigencias a instituciones sustancialmente desiguales puede generar efectos jurídicos y económicos contraproducentes.
Chile necesita un sistema financiero sólido, pero también diverso e inclusivo. Las cooperativas de ahorro y crédito han demostrado durante décadas que pueden contribuir eficazmente a ese objetivo. La discusión regulatoria actual debiera orientarse a fortalecer su desarrollo y sostenibilidad, evitando que estándares concebidos para otra realidad terminen afectando a un sector que cumple una función social y económica indispensable.
José Manuel Henríquez,
Socio Garnham Abogados
