Inversión Pública a Regional: el desafío del equilibrio territorial

El crecimiento de las inversiones públicas en Chile ha sido históricamente desigual entre regiones. Mientras la Región Metropolitana concentra más del 40% de los recursos, regiones extremas como Arica y Parinacota, Aysén o Magallanes apenas superan el 2 o el 3%. Esta disparidad no es solo una cuestión de cifras. Se traduce también en brechas de infraestructura, servicios sociales y oportunidades económicas que afectan directamente la calidad de vida de las comunidades.

Todo parece indicar que el modelo de asignación de recursos privilegia la concentración poblacional y la demanda inmediata, dejando en segundo plano criterios de equidad territorial. Así, mientras Santiago recibe inversiones en transporte, hospitales y universidades, regiones periféricas enfrentan déficit en conectividad, acceso a salud y educación, y limitaciones para atraer inversión privada. El resultado es un círculo vicioso con menos inversión pública, menor desarrollo económico y mayor migración hacia el centro.

Esta desigualdad genera un efecto multiplicador negativo. La falta de infraestructura adecuada reduce la productividad regional y limita la diversificación económica. Además, las dificultades administrativas en regiones pequeñas y con tasas de ejecución presupuestaria más bajas solo vienen a reforzar la brecha, ya que los recursos asignados no siempre se traducen en proyectos efectivos. La política pública, en este contexto, enfrenta como dilema el equilibrar eficiencia en el gasto con justicia territorial.

A este escenario interno debemos sumar los conflictos geopolíticos internacionales, que impactan directamente en las oportunidades de inversión regional. La inestabilidad en mercados energéticos globales, las tensiones comerciales y los cambios en cadenas de suministro afectan de manera diferenciada a las regiones chilenas. Sin embargo, más allá de estos factores globales, es igualmente importante considerar los desequilibrios y tensiones geopolíticas en América Latina, particularmente con nuestros países más cercanos. Las diferencias en políticas energéticas, disputas fronterizas o divergencias en estrategias de integración regional pueden condicionar la viabilidad de proyectos estratégicos en zonas limítrofes. Por ejemplo, la cooperación o conflicto en torno al litio, la energía hidroeléctrica o la infraestructura logística transfronteriza puede potenciar o limitar las oportunidades de desarrollo en el norte y sur del país.

Luego, se hace exigible una revisión profunda del sistema de inversión pública. En efecto, es necesario establecer criterios que ponderen no solo población, sino también vulnerabilidad territorial, conectividad y necesidades estratégicas. Fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos regionales es clave para mejorar la formulación y ejecución de proyectos. Asimismo, la coordinación entre MIDESO, SUBDERE y los gobiernos locales debe garantizar que las inversiones respondan a planes de desarrollo territorial y no solo a demandas coyunturales.

La transparencia y la participación ciudadana también son fundamentales. Publicar de manera accesible los montos y proyectos por región permitiría evaluar la equidad en la distribución y fortalecer la confianza pública. Finalmente, complementar la inversión pública con incentivos a la inversión privada regional en sectores estratégicos (energía, turismo, logística) puede generar un efecto dinamizador que reduzca las brechas.

Luego, las diferencias en el crecimiento de las inversiones públicas regionales en Chile reflejan un problema estructural de centralismo. Para avanzar hacia un desarrollo económico y social equilibrado, es indispensable coordinar los crecimientos regionales bajo criterios de equidad territorial. Solo así se podrá garantizar que cada región cuente con las condiciones necesarias para desplegar su potencial y contribuir de manera justa al desarrollo del país.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile