El Congreso allana el camino para que el presidente ordene el despliegue de militares frente a protestas
La revocación de la Ley de Estados de Excepción recibe el apoyo de dos tercios de los congresistas tras este mismo paso por parte del Senado
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Bolivia ha aprobado la derogación de la Ley de Estados de Excepción, un paso que retira algunas limitaciones y allana el camino para que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, pueda declarar un estado de excepción que le permitiría desplegar a militares y restringir libertades para frenar las masivas protestas de las últimas semanas en el país sudamericano.
La propuesta ha recibido el respaldo de dos tercios de los congresistas presentes tras más de cinco horas de debate, lo que ha llevado al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, ha dar por sancionada la legislación. "Remítase al Ejecutivo para fines constitucionales", ha dicho.
Entre las voces a favor de esta decisión se encuentra la del diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, quien ha defendido la derogación de la Ley 1341 alegando que "se ha elegido un Gobierno legítimo y está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático" con las movilizaciones de sectores sociales del país.
"Estos apetitos personales quieren tirar por la borda el haber recuperado la democracia, con la violación de los derechos fundamentales de todos los bolivianos por parte de (el expresidente) Evo Morales y toda su pandilla", ha considerado Alarcón en declaraciones recogidas en nota de prensa por la propia Cámara de Diputados.
Por su parte, el diputado Alejandro Reyes, también de la alianza Unidad, ha afirmado que esta derogación responde a un intento de encontrar una salida al momento que atraviesa el país y así dejar de "estar sometidos por un grupo reducido que evade la justicia y verdad".
El paso llega días después de que el Senado aprobara igualmente la derogación de la citada ley, que data de 2020 y limita la capacidad del presidente a la hora de aplicar estados de excepción, una decisión que fue adoptada tras la crisis registrada entonces por las movilizaciones populares de los meses previos, que derivaron en la salida del poder de Evo Morales.
La ley fue aprobada tras la llegada al poder de Jeanine Áñez con el objetivo de limitar las competencias a la hora de reprimir las protestas, dejando en manos de los parlamentarios la aprobación de los estados de excepción y dejándolos sujetos a posibles modificaciones para evitar posibles abusos.
Paz advirtió durante el fin de semana de que la ola de protestas y los bloqueos de carreteras que afectan desde hace semanas a distintas zonas del país suponen un desafío para el proceso de transformación democrática y económica que pretende impulsar su Gobierno, en un contexto marcado por la tensión social y la crisis económica.
Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han dificultado el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Una situación que el Ejecutivo intenta sortear mediante la apertura de canales de negociación con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad continúan actuando para despejar algunas vías, recurriendo en determinados casos al uso de gases lacrimógenos.
El Ejecutivo ha rechazado que las recientes modificaciones en su seno ante el descontento popular respondan a una crisis interna y ha defendido que se trata de una reorganización puntual decidida por el presidente. Las movilizaciones siguen marcando la actualidad sociopolítica de Bolivia, donde indígenas, campesinos y sindicalistas han llegado a asediar La Paz para exigir la dimisión de Paz, en una coyuntura que ya registra cuatro muertes y más de un centenar de detenidos.
