(www.gob.cl)
El Gobierno presentó los primeros avances del proceso de Inspección Total al Estado, el que permitió observar alertas de riesgo fiscal que involucran más de 9.200 millones de dólares, a través del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
Esta auditoría masiva revisó la gestión del período 2022-2026 en más de 500 servicios públicos con el objetivo de proteger los recursos estatales y asegurar que el dinero fiscal llegue beneficie a las personas.
“Estamos trabajando y llevando a cabo la tarea que nos solicitó el Presidente José Antonio Kast: asegurar el buen uso de los recursos públicos para que éstos lleguen efectivamente a las personas”, indicó la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo.
¿En qué consisten las principales alertas detectadas tras las Inspección Total al Estado?
El análisis exhaustivo identificó fallas severas en la administración de los fondos fiscales, problemas que afectan de forma directa el presupuesto destinado a los beneficios de los ciudadanos:
Deuda traspasada entre administraciones: Se postergaron pagos por 3.200 millones de dólares desde 2025 a 2026. Esta es la cifra más alta registrada en un traspaso presidencial. La situación afectó el pago a tiempo de casi 10 mil proveedores de salud y educación.
Sobrecostos en compras públicas: Se detectaron 3.170 millones de dólares en compras por trato directo o compra ágil. El uso de mecanismos competitivos habría ahorrado 760 millones de dólares al Estado.
Licencias médicas pendientes: El Estado dejó de recuperar cerca de 150 millones de dólares por deficiencias en la gestión de cobro.
Además, la investigación permitió identificar debilidades estructurales relevantes en la gestión de recursos públicos, tales como:
Rendiciones bajas respecto de lo pagado.
Entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
Compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día.
Hitos contractuales incumplidos.
Subejecución presupuestaria superior al 30%.
Licencias médicas sin recuperación del subsidio.
Concursos públicos desiertos.
Los 4 organismos públicos bajo investigación inmediata
El Comité Estratégico de Auditoría ordenó iniciar investigaciones y auditorías específicas en cuatro instituciones. Los antecedentes de estos casos se enviarán a la Contraloría y al Ministerio Público si se confirman los delitos.
Instituciones bajo la lupa del Gobierno:
Junaeb (Ministerio de Educación): Se indagan posibles fraudes en las licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, pagos por servicios no entregados y sobreprecios.
Ministerio de la Mujer (SernamEG y Prodemu): Se fiscaliza la falta de control en el uso de recursos y el cumplimiento de sus objetivos.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Se investigan rendiciones pendientes, descontrol financiero y no cobro de multas y garantías.
ANID (Ministerio de Ciencia): Se revisan altos niveles de rendiciones rechazadas y fondos públicos aún sin rendir.
¿Qué significa esto para la ciudadanía?
El plan de Inspección Total al Estado garantiza que los impuestos de los chilenos se utilicen correctamente. Corregir estas ineficiencias permite que los hospitales, colegios y programas sociales cuenten con los fondos necesarios.
El Gobierno mantendrá informada a la opinión pública sobre el avance de estas auditorías y las sanciones correspondientes.
“Donde existan errores, deben corregirse; donde existan debilidades estructurales, deben modernizarse; y donde existan antecedentes de irregularidades, estos serán remitidos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, en cada uno de los casos que correspondan”, aseguró la subsecretaria Castillo.