IFP del primer trimestre: Dipres advierte deterioro fiscal mayor al informado por administración anterior

“El cierre fiscal definitivo 2025 deja un déficit estructural de −3,7% del PIB, lo que incumple la meta fijada en el Decreto de Política Fiscal vigente, emitido por la administración anterior (déficit estructural vigente, de 1,6% del PIB). Este deterioro de más de 2 puntos porcentuales exige acciones correctivas, por lo que a la fecha se han adoptado medidas de contención y eficiencia del gasto por $1.307.729 millones, equivalente a 0,4% del PIB. Sin estas acciones el déficit efectivo para 2026 estaría en torno a 2,9%, mientras que el estructural se ubicaría en 4,1%”, señaló el director de Presupuestos, José Pablo Gómez Meza, al presentar el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trumestre de 2026.

El IFP incluye revisiones en las proyecciones de ingresos, gasto y deuda: modelos econométricos integrados al proceso, ajuste prudencial de la Ley de Cumplimiento Tributario, reconocimiento de mayores gastos por compromisos vigentes y trazabilidad efectiva entre balance proyectado y deuda.

Los ingresos efectivos proyectados para 2026 se reducen a $78.814.783 millones (21,7% del PIB vs. 22,0% del PIB en el IFP 4T25). El ajuste se concentra en una menor materialización de la Ley de Cumplimiento Tributario (0,1% del PIB en 2026, vs. 0,7% supuesto previamente) y en la debilidad de los ingresos tributarios no mineros efectivos, parcialmente compensada por mayor minería privada y traspasos de Codelco ante un alza del precio del cobre y por los esfuerzos orientados a fortalecer los ingresos como la mayor recaudación del CAE y el fortalecimiento del plan de gestión de empresas públicas, entre otros.

Los gastos estimados para 2026 aumentan a $87.550.259 millones (24,1% vs. 23,8% del PIB en el IFP 4T25). Esta cifra reconoce $2.578.426 millones de mayores gastos por compromisos legales y otras obligaciones de carácter ineludible para el Estado no identificados en el IFP previo, así como $471.458 millones por medidas de apoyo frente al alza de combustibles. Esto es parcialmente compensado por el ajuste sobre la línea realizado a la fecha de $1.307.729 millones. 

La deuda bruta supera el nivel prudente en 2028. Se proyecta 43,1% del PIB en 2026, 44,4% en 2027, 45,4% en 2028, 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030. La proyección incorpora el nuevo escenario macroeconómico, la revisión de ingresos y gastos y deuda. Esta última presentó una brecha de 2,9% del PIB entre la trayectoria del balance y la deuda informada en el IFP 4T25. 

Las medidas de contención y eficiencia del gasto implementadas a la fecha y los esfuerzos por el lado de los ingresos tienen un efecto significativo sobre las proyecciones de 2026. Sin ellas, el balance efectivo se ubicaría en torno a -2,9% del PIB, en lugar del -2,4% reportado en este informe, con la consiguiente mayor presión sobre la deuda bruta del Gobierno Central. Asimismo, el balance cíclicamente ajustado se ubicaría en torno a -4,1% del PIB en ausencia de dichas medidas. 

La trayectoria de este IFP no debe interpretarse como la meta del actual gobierno. La meta fiscal de esta administración se conocerá en junio a través del Decreto de Política Fiscal, el que se publicará dentro del plazo legal (90 días desde el inicio del Gobierno) e incorporará una profundización de las medidas correctivas señaladas previamente y cambios metodológicos a la regla de balance cíclicamente ajustado sugeridos por el CFA. 

Recuperación de la sostenibilidad fiscal. Se continuarán profundizando los esfuerzos de eficiencia del gasto, mediante la implementación de medidas correctivas adicionales durante el año, las cuales serán incorporadas en las proyecciones del IFP del segundo trimestre de 2026 y consideradas en el Decreto de Política Fiscal.

Ingresos Proyección más prudente, anclada en la ejecución

La proyección de ingresos efectivos del Gobierno central para 2026 alcanza $78.814.783 millones, equivalentes a 21,7% del PIB. Esto representa una revisión a la baja de 0,3 puntos del PIB respecto al IFP 4T25 y se debe a un debilitamiento de los ingresos tributarios no mineros, parcialmente compensado por mayores ingresos asociados a la minería privada y a los traspasos de Codelco. 

La caída en la proyección de ingresos tributarios no minero incorpora la menor recaudación del primer trimestre y una revisión prudencial de la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario. En menor magnitud, se incorporan también los efectos de las medidas orientadas a fortalecer los ingresos como la mayor recaudación por CAE y la reducción del crédito fiscal a la compra de diésel para empresas no transportistas, entre otros.

Ajustes relevantes 

Ajuste prudencial de la Ley de Cumplimiento Tributario. La evidencia disponible para 2024 y 2025 muestra que la materialización de los efectos recaudatorios de esta ley ha sido más gradual y de menor magnitud que la prevista en su Informe Financiero original (0,1% vs. 0,7% del PIB en 2026). Las medidas transitorias alcanzaron 0,03% del PIB frente al 0,22% proyectado; el impuesto a la renta de grupos empresariales no muestra el aumento esperado; el IVA registra incrementos puntuales sin alza sostenida. Sobre esta base, se reduce el rendimiento en régimen estimado desde 1,5% a 0,5% del PIB —un tercio de lo originalmente proyectado— y desplaza la materialización en un año. 

Medidas orientadas a fortalecer los ingresos y contener el deterioro fiscal.   Estas incluyen una mayor recaudación asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE), la venta de activos físicos, la reducción del crédito fiscal a la compra de diésel para empresas no transportistas y el fortalecimiento del plan de gestión de empresas públicas. En conjunto, dichas medidas aportarían ingresos adicionales por $360.009 millones en 2026 y serán complementadas con nuevas acciones durante el ejercicio para reforzar la trayectoria de consolidación fiscal.

Reconocimiento del mayor precio del cobre. El precio del cobre supuesto sube de US$5,15 a US$5,46 por libra, lo que impulsa al alza la tributación minera privada (+11,5% respecto al IFP 4T25, con un crecimiento real anual proyectado de 27,6% en 2026) y los traspasos de Codelco (+12,9%). Es importante distinguir esto del componente no minero, que representa cerca del 90% de los ingresos: ahí la revisión es a la baja en 0,5% del PIB, en línea con la contracción observada en el primer trimestre. 

La proyección de ingresos cíclicamente ajustados para 2026 se reducen a $74.183.545 (20,4% del PIB vs. 21,2% del PIB) principalmente por la disminución de los ingresos de resto de contribuyentes y de los traspasos de Codelco, que según la metodología vigente registra ingresos estructurales negativos por $482.119 millones (-0,13 pp. del PIB), lo que refleja que el ajuste cíclico estimado supera la recaudación efectiva proyectada. Este resultado evidencia una limitación de la metodología vigente para distinguir adecuadamente entre ingresos transitorios y estructurales, en contextos de aumentos significativos del precio del cobre. El Decreto de Política Fiscal que se publicará dentro del plazo legal (90 días desde el inicio del Gobierno) incorporará cambios metodológicos sugeridos por el CFA.

Gasto Reconocimiento de compromisos y acciones de contención y eficiencia de gasto en curso

El gasto del Gobierno central total para 2026 se proyecta en $87.550.259 millones (24,1% del PIB), 0,3 puntos del PIB por sobre el IFP 4T25. Esta cifra refleja el reconocimiento de mayores gastos por compromisos legales no identificados en el IFP previo, así como a otras obligaciones de carácter ineludible para el Estado y de medidas de apoyo asociadas al alza de combustibles, parcialmente compensados por las primeras acciones correctivas implementadas durante el primer trimestre.

Qué hay detrás de las presiones de mayor gasto 

Se han identificado mayores gastos por sobre lo proyectado. Se trata de obligaciones de carácter ineludible (algunas devengadas con anterioridad a marzo) y exigibles en el presente ejercicio presupuestario cuyo financiamiento está parcialmente considerado. El Recuadro 3 del IFP identifica el origen de estas presiones asociadas tanto a componentes legales (reajuste del sector público, cotización adicional para los funcionarios públicos asociada a la reforma previsional, entre otros desfases observados en la ejecución del primer trimestre), como obligaciones relacionadas con la operación del Estado (emergencias, salud, educación, cárceles, entre otras.) 

Acciones de contención y eficiencia del gasto transversal por servicio Mediante la Circular N°12 del 13 de marzo de 2026, el Ministerio de Hacienda instruyó a los servicios públicos un ajuste de eficiencia. Este acumula $1.307.729 millones (0,4% del PIB) durante el ejercicio, incluido como gasto “sobre la línea” y $454.532 millones “bajo la línea” El ajuste afecta a todos los componentes de la ley, es decir, a la mayoría de las partidas de la Ley de Presupuestos 2026. Estos esfuerzos se profundizarán durante el año, con medidas adicionales que se irán informando oportunamente. 

Mediano plazo: continuidad metodológica con perspectiva de cambio Para 2027–2030 se asume continuidad metodológica respecto del marco previamente informado, incorporando únicamente el efecto permanente del ajuste fiscal (−$1.307.729 millones por año, sobre la línea) y el mayor gasto en intereses asociado a la nueva trayectoria de deuda (entre $115.042 millones en 2027 y $732.750 millones en 2030). El gasto comprometido proyectado pasa de $87.375.271 millones en 2027 a $90.693.783 millones en 2030.

Deuda Trayectoria revisada 

La proyección actualizada estima la deuda bruta del Gobierno central en 43,1% del PIB al cierre de 2026 (US$172.365 millones), y en una senda creciente que alcanza 45,4% en 2028, 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030, ubicándose por sobre el nivel prudente establecido en el Decreto de Política Fiscal (45% del PIB).

Por qué cambió la trayectoria: corrección de una brecha de consistencia 

El IFP 4T25 mostraba un deterioro acumulado del balance del orden de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones (Gráfico III.7.2 del IFP). 

El IFP 1T 2026 corrige este desajuste asegurando trazabilidad entre la trayectoria del balance y la proyección financiera de la deuda. Sobre la trayectoria reestimada se incorporan posteriormente las actualizaciones de ingresos y gastos fiscales contenidas en el IFP 1T26. 

Balance fiscal y acciones correctivas 

El cierre estructural definitivo 2025 fue −3,7% del PIB (frente a una meta de la administración anterior de −1,6% del PIB), lo que constituye un incumplimiento que activa, conforme a la Ley N° 20.128, la obligación de implementar acciones correctivas. El presente informe muestra esa trayectoria con y sin medidas correctivas ejecutadas a la fecha. 

Se continuarán profundizando los esfuerzos de eficiencia del gasto e ingresos, mediante la implementación de medidas correctivas adicionales durante el año, las cuales serán incorporadas en las proyecciones del IFP del segundo trimestre de 2026 y consideradas en el Decreto de Política Fiscal.