ASIQUIM valora que mega reforma del Gobierno incluya agilización de permisos
El gremio de la Industria Química plantea que el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, incorpore una simplificación regulatoria para el desarrollo de la industria y es importante que su sector sea incluido en la discusión de los reglamentos que se debieran modificar una vez aprobada esta Ley.
Cuando se habla de permisología en Chile, el debate suele centrarse en la gran minería o los proyectos de infraestructura. Sin embargo, hay otros sectores que son afectados por el mismo problema y que raramente aparecen en la conversación pública, por ejemplo, la industria química. Instalar una nueva planta, ampliar una línea de producción, incorporar nuevas tecnologías, incluso más “limpias” muchas veces requiere de un proceso de autorizaciones ambientales, sanitarias y sectoriales que no necesariamente aportan al desarrollo de proyectos más sustentables o seguros y cuyos plazos exceden con creces los plazos razonables para la obtención de dichos permisos.
La ruta crítica de tramitación completa de un proyecto nuevo puede tomar más de 10 años considerando los tiempos efectivos, muy por encima de los 2,7 años que establecen los plazos formales. Los permisos de mayor complejidad demoran en promedio 17 meses solo en su trámite individual, y el sistema contempla 439 autorizaciones distintas, de las cuales 63 han sido identificadas como críticas para la inversión.
Para la industria química, este problema es especialmente costoso en un contexto en que la presión por incorporar energías más limpias, procesos de economía circular y tecnologías de menor huella ambiental es creciente y lo complejo es que no solo se aplica a nuevos proyectos de inversión, si no muchas veces a cambios o ampliaciones menores de almacenamiento. La paradoja es que, en ocasiones, querer invertir en ser más sustentable requiere enfrentar el mismo laberinto burocrático que cualquier otro proyecto productivo.
“La industria química no está exenta del problema de la permisología. Hay proyectos de mejora tecnológica, de incorporación de modificaciones para hacer los procesos más limpios o de eficiencia energética que llevan años esperando autorizaciones que deberían tramitarse en meses. Eso tiene un costo directo: proyectos que no se concretan, inversiones que se postergan y una transición sustentable que avanza más lento de lo que podría. No es un problema de voluntad de las empresas, es un problema del sistema”, sostiene Francisco Horn, Presidente de la Asociación Gremial de Industriales Químicos (ASIQUIM)
En ese contexto, ASIQUIM valora que el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional incluya medidas concretas de agilización de permisos sectoriales, como la reducción de los plazos de invalidación de autorizaciones de dos años a seis meses y la creación de mecanismos que obliguen a los organismos del Estado a pronunciarse dentro de plazos máximos. Chile ya cuenta desde septiembre de 2025 con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770), que promete reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%, pero su implementación efectiva es el verdadero desafío que está por delante, sin embargo esta ley solo aplica a los permisos sectoriales obtenidos con posterioridad de los permisos ambientales, por lo que cambios significativos en la etapa de aprobación ambiental son necesarios para habilitar las condiciones que permita Chile el desarrollo de más y mejores industrias manufactureras.
Para Horn, “lo que el gremio quiere instalar en este debate es que la simplificación regulatoria no debe mirarse sólo con el prisma de proyectos de gran envergadura. Las empresas químicas medianas, que son las que más dificultades tienen para absorber la carga burocrática, también necesitan certeza, plazos razonables y procesos predecibles. Si queremos acelerar la transición hacia procesos más sustentables en el sector, el sistema de permisos tiene que acompañar esa ambición y no ir en sentido contrario.”
ASIQUIM plantea, sin embargo, una condición que considera innegociable: la simplificación regulatoria no puede traducirse en una relajación de los estándares de seguridad que la industria química ha construido a lo largo de años a través del programa Responsible Care. Con el 100% de las empresas socias verificadas en el programa desde 2024, el gremio sostiene que los altos estándares en seguridad, salud ocupacional y protección medioambiental no son conceptos opuestos a la velocidad y agilidad para la aprobación de autorizaciones ambientales y sanitarias. Ambos conceptos pueden y deben coexistir.
“El sector químico tiene una posición particular en este debate: llevamos más de 3 décadas demostrando que es posible operar con altos estándares de seguridad y sustentabilidad que nosotros mismos nos auto exigimos y que van más allá de la ley. Lo que pedimos no es bajar la vara; es que el Estado pueda revisar y aprobar los proyectos con la misma rigurosidad pero en plazos razonables, y sin hacer exigencias de que elevan innecesariamente los costos sin aportar mejoras en el standard ambiental, como el requerir estudios que están totalmente desvinculados a la realidad del proyecto y en muchos casos pueden . Eso no solo beneficia a las empresas: beneficia a los trabajadores, a las comunidades y Chile en su conjunto”, recalca el Presidente de ASIQUIM.
