(www.camara.cl)
La Sala de la Cámara aprobó, por unanimidad, el proyecto que extiende el tiempo para la implementación de la ley de seguridad privada (boletín 18232). La medida se impulsa dado que el 28 de mayo vence el plazo para que apliquen nuevas exigencias para el sistema, establecidas en la nueva normativa, que los servicios obligados no han podido cumplir.
Según se explicó, entidades como bancos, empresas de transporte de valores y estaciones de servicio, deben presentar nuevos estudios de seguridad acordes a los estándares de la nueva legislación. Además, exige que sea por sucursal o instalación. Sin embargo, la implementación de la medida evidencia retrasos significativos.
Igualmente, existe un retaso en la implementación de una plataforma informática para centralizar los procesos de autorización, registro y gestión de la seguridad privada. Esto obliga a mantener mecanismos transitorios. Una realidad similar ocurre con la tramitación de autorizaciones para personas naturales. Así, a mayo de 2026, una proporción importante de los procesos se encuentran pendientes.
Por otra parte, el texto prorrogará la renovación de autorizaciones del personal de seguridad privada. El tema es que la nueva legislación también estableció requisitos de capacitación y evaluación más exigentes. Empero, la capacidad institucional para entrenar y examinar a las y los trabajadores resulta insuficiente frente a la gran demanda de regularización.
En un principio, la norma del Ejecutivo proponía extender ambos plazos por seis meses, hasta noviembre de 2026. Sin embargo, tras las exposiciones de representantes del Gobierno, de organizaciones de seguridad privada y de Carabineros, la Comisión de Seguridad Ciudadana resolvió extenderlo por un año, lo que fue ratificado en la Sala.
Debate sobre seguridad privada
Diputado Jaime Coloma en debate de proyecto de amplía los plazos para la implementación de de ley de seguridad privada
El informe del proyecto lo presentó el diputado Jaime Coloma. Además, intervinieron Marisela Santibáñez, Javier Olivares, Bernardo Salinas, Cristian Neira, Eileen Urqueta, Cristián Araya, José Antonio Rivas, Cristian Contreras, Daniel Lilayu, Enrique Bassaletti, Tatiana Urrutia, Juan Carlos Beltrán, Jaime Mulet y Hans Marowski.
La mayoría de las intervenciones coincidieron en que la prórroga responde a una situación crítica del sistema de seguridad privada. Pese a esto, advirtieron que los problemas de implementación se arrastran del Gobierno anterior y evidenciaron una falta de capacidad del Estado para gestionar adecuadamente los plazos y exigencias de la normativa.
En esa línea, varios planteamientos apuntaron a que aprobar la iniciativa es un acto de responsabilidad para evitar una crisis inmediata. Sin embargo, consideraron que no resuelve las deficiencias estructurales.
Por otro lado, se advirtió que no es adecuado avanzar con medidas de último momento, sin una planificación suficiente.
Finalmente, se indicó que las dificultades responden a un problema transversal, donde la implementación fue más lenta de lo previsto y las instituciones no lograron responder conforme a lo planificado, lo que obliga a enfrentar ahora una reforma más profunda.
Postura del Ejecutivo
Ministra de Seguridad Trinidad Steinert en debate de proyecto de amplía los plazos para la implementación de de ley de seguridad privada
En la sesión intervino la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert. En su exposición advirtió que, de no aprobarse el proyecto, existiría un riesgo de colapso del sistema. Agregó que la magnitud de los cambios exigidos demostró que el período original resultaba insuficiente.
Agregó que, a pocas semanas del vencimiento del plazo, solo un 5% de las entidades obligadas presentó sus estudios de seguridad. Además, indicó que más de 35 mil guardias y vigilantes esperan renovar sus permisos.
En ese sentido, afirmó que la prórroga no constituye un “cheque en blanco”, sino un tiempo técnico necesario para consolidar la plataforma informática y la aplicación del reglamento. Asimismo, valoró que el proyecto elimine el silencio positivo, evitando autorizaciones sin revisión técnica.
Por último, planteó que las futuras reformas deben construirse de manera conjunta con los actores del sector. En esta línea, señaló que el siguiente paso será perfeccionar la estructura normativa y mejorar la operatividad de la plataforma, con el fin de fortalecer el sistema de seguridad privada en el país.
