Sr. Director,
La próxima entrada en vigor del pago mínimo de las tarjetas de crédito constituye un hito cambios del mercado financiero. La regulación eleva progresivamente el pago mínimo desde niveles cercanos al 4% del total incorporando 25% del monto sin interés hasta completar un 100% de este (cuota pactada, no deuda total) en 2 años, obligando a incluir intereses, comisiones y parte del capital adeudado. El objetivo es claro: reducir el sobreendeudamiento y evitar que los consumidores paguen por años solo intereses.
Sin embargo, aunque la medida mejora la transparencia, también genera costos inmediatos para los hogares. Muchos consumidores enfrentarán cuotas considerablemente más altas en un escenario económico aún marcado por inflación, bajo crecimiento y elevada presión sobre el presupuesto familiar. En la práctica, la norma podría disminuir liquidez, restringir consumo e incluso aumentar la morosidad de quienes recurrían al pago mínimo no por irresponsabilidad, sino por necesidad financiera coyuntural.
La regulación avanza en la dirección correcta al desincentivar mecanismos crediticios excesivamente rentables para la industria financiera y perjudiciales para los usuarios. No obstante, modificar las reglas del crédito sin fortalecer paralelamente la educación financiera puede limitar el alcance real de la medida. El desafío de fondo no consiste únicamente en reducir el endeudamiento, sino en construir un sistema financiero más equilibrado, donde la sostenibilidad de la banca no dependa de consumidores permanentemente endeudados.
Pablo Müller,
Facultad de Administración y Negocios,
Universidad Autónoma