Presidenta de la Corte Suprema destaca rol activo del Estado en nueva institucionalidad de pago de pensiones de alimentos
(www.pjud.cl)
Con un enfático llamado a considerar la determinación de los montos de pensiones de alimentos como un "criterio de humanidad", la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, inauguró el seminario virtual "Ley 21.389 y 21.484: determinación de pensiones de alimentos", actividad organizada por la Academia Judicial dirigida a fortalecer las competencias técnicas de la judicatura y profesionales del área.
Durante su alocución, la autoridad destacó que la implementación de este nuevo marco normativo representa un avance significativo al dotar al sistema judicial de herramientas eficaces que terminan con la pasividad estatal. "La Ley 21.484 complementa de manera decisiva a la Ley 21.389, consolidando un cambio profundo donde el Estado deja de ser un observador para convertirse en un agente activo en la persecución del cumplimiento", señaló.
La presidenta subrayó que estas normativas no solo declaran principios, sino que establecen procedimientos extraordinarios que facultan a los tribunales de familia para la investigación, localización y liquidación de activos de los deudores. Este fortalecimiento del sistema judicial busca transformar el derecho de alimentos en una garantía efectiva, disminuyendo la dependencia de la voluntad del alimentante.
En su análisis doctrinario, la magistrada relevó la naturaleza extrapatrimonial de este derecho, cuyo fin último es proteger la supervivencia y el desarrollo biológico, material y espiritual de niños, niñas y adolescentes (NNA), permitiendo su inserción activa en la sociedad.
La intervención también abordó los retos que ha impuesto la materialización del espíritu de la ley, reconociendo que se ha tensionado una cultura arraigada de elusión de responsabilidades. "Determinar una pensión de alimentos es, ante todo, un acto de reconocimiento y de mirar la realidad con honestidad", afirmó, haciendo especial mención a la carga que históricamente han asumido las madres frente al incumplimiento de los padres.
Finalmente, la autoridad recordó que la responsabilidad parental no es negociable ni delegable. "Cada peso destinado a alimentos no es un gasto: es una inversión en educación, salud, estabilidad emocional y futuro", concluyó, instando a los presentes a aplicar la ley con conciencia y empatía para garantizar condiciones dignas de desarrollo a quienes se encuentran en etapas de especial vulnerabilidad.
La jornada on line contó con las exposiciones técnicas de la magistrada Paz Pérez Ahumada, jueza del 3° Juzgado de Familia de Santiago, y de la académica Carolina Salinas Suárez, directora del Centro UC de la Familia.
