Chile invierte US$ 1.000 millones en ciencia, pero 60% se pierde por falta de regulación
En el marco del Seminario “Regulación: el freno invisible de la innovación en Suplementos Alimenticios”, organizado por ALIMSA en la Universidad del Desarrollo (UDD), expertos y líderes gremiales denunciaron el grave impacto que tiene la ausencia de una normativa para nutracéuticos en Chile. El diagnóstico revela que el país desperdicia gran parte de los US$ 950 millones anuales invertidos en I+D debido a barreras que impiden el escalamiento comercial de la ciencia local.
Juan Pablo Salas, vicepresidente de ALIMSA, calificó la situación regulatoria actual como "compleja", señalando que la normativa chilena no reconoce los medicamentos complementarios. Según Salas, esto ha derivado en un problema de salud pública mayor debido a un mercado negro creciente donde se comercializan activos herbales sin ningún tipo de control. El dirigente gremial enfatizó que regular esta categoría no solo ordenaría el mercado, sino que podría significar un ahorro sustancial para el sistema de salud chileno.
Por su parte, Heriberto García, Director de Química y Farmacia de la UDD, advirtió que este "caos informativo" empuja a los ciudadanos a adquirir productos en canales digitales sin certeza sobre su calidad o composición. García subrayó que una regulación eficiente permitiría el uso de suplementos validados para coadyuvar en patologías como la diabetes o la hipertensión, reduciendo la dependencia de fármacos tradicionales más costosos que afectan el bolsillo familiar.
Desde el ámbito académico, el Dr. Leonel Rojo (USACH) destacó que el 60% de las innovaciones en ingredientes autóctonos mueren en el laboratorio sin llegar al mercado. Rojo calificó esta realidad como una "Exportación de Materia Gris", donde el Estado financia la etapa de investigación más riesgosa, pero el valor económico termina siendo capturado por potencias extranjeras que sí cuentan con marcos legales modernos para estos productos.
Actualmente, las empresas chilenas enfrentan costos de validación clínica de entre US$ 50.000 y US$ 200.000, montos prohibitivos para las PYMES locales. Ante esta barrera, la industria nacional opta por importar fórmulas extranjeras en lugar de potenciar los activos naturales del país. Salas recordó que el Ministerio de Salud posee un reglamento propuesto por el ISP hace años que podría solucionar este problema, e instó a las autoridades a avanzar en esta materia para detener el desperdicio de recursos públicos en investigación.
