Violencia escolar
La situación de seguridad en los colegios está alcanzando un peligroso punto crítico que debe abordarse con decisión puesto que está poniendo en juego la integridad física y hasta la vida de los miembros de la comunidad escolar. El asesinato de una inspectora de colegio ocurrido en Calama, a manos de un estudiante, pone de relieve, sin recurrir a excesivo dramatismo, lo que está ocurriendo y los riesgos que corren maestros, funcionarios y estudiantes. Desde luego, hay aquí envuelto un tema policial que debe dejarse en las manos de los organismos competentes, los cuales debe arbitrar medidas para garantizar la seguridad de quienes acuden a las instituciones educacionales a buscar un beneficio en cuanto a potenciar las oportunidades que abre la educación. Seguramente será necesario recurrir a los métodos de control más convencionales y que ya se practican en actividades de todo tipo que congregan a personas venidas de distintos medios y diversas realidades. Es cierto, estos controles (revisión de mochiles, máquinas de rayos x, etc) son de alguna manera contradictorios con los propósitos educativos que deben auspiciar las entidades de ese ámbito. Pero el objetivo de brindar seguridad debe primar por sobre cualquiera otra consideración, puesto que eso figura prioritario para los miembros de la comunidad escolar y sus familias.
Pero lo más graves es que los hechos de violencia conocidos han despertado una verdadera oleada de amenazas que ha recorrido el país y todo tipo de instituciones. En cierta forma, esto se ha constituido en una especie de “moda” auspiciada por las redes sociales que actúan como depositarias de noticias y también como fuente de incentivos e ideas para emprender intimidaciones sobre posibles hechos de similar naturaleza. Fenómeno complejo que cruza realidades sociales y geográficas y se constituye en real amenaza para toda una comunidad escolar. Seguramente la inteligencia policial ya está desarrollando acciones para detectar oportunamente a los promotores y practicantes de esta nueva versión de la violencia escolar. Sin embargo, el sistema judicial no está plenamente preparado para llevar adelante los procesos y las penas que ameritaría la conducta detectada. Pero aquí es donde debe intervenir la familia, haciéndose responsable, en primer lugar, de las conductas amenazantes o abiertamente reñidas con la seguridad del medio escolar. Ello debe ser parte del contrato suscrito por la prestación del servicio educativo. Sin ninguna duda el tema de la salud mental juega aquí un papel determinante, haciendo necesario la adopción de una clara política de derivación de los casos detectados.
Hay aún una tercera fuente de amenaza contra la seguridad en los ambientes escolares. Se trata de la organización de protestas de inspiración política, especialmente en el caso de los liceos públicos emblemáticos de Santiago. Se trata de actividades muy violentas, aunque sin una agenda específica, por lo que se hace difícil el dialogo a través de las autoridades de los establecimientos afectados. Se trata de actividades que envuelven recursos no poco significativos, y dominadas por una violencia que muchas veces toma como objetivos a personal docente y funcionario de los propios establecimientos, los que ven así interrumpidas sus actividades escolares en perjuicio de todos y bajo amenaza de la integridad física de los miembros de la comunidad. Como seguramente hay envolvimiento de organizaciones externas a los propios colegios, y probablemente de índole política, aquí corresponde la investigación policial para determinar responsabilidades y llevar los casos hasta la justicia.
Lo más importantes en todos estos casos es la señal que debe proveerse en cuanto a la debida atención que los mismos ameritan. Debe empoderarse apropiadamente a la autoridad educativa y establecerse los límites para su accionar en los distintos tipos de casos. Debe crear un canal de diálogo permanente con las familias, para conformar un verdadera alianza en contra de la violencia escolar en cualquiera de sus formas. Debe también dotarse a la policía de instrumentos adecuados para un accionar efectivo frente cada caso y la autoridad debe promover los cambios que sean necesarios para que exista una justicia oportuna y aleccionadora. No se puede permitir que la educación chilena continúe siendo víctima de esta injusta violencia en las aulas.
Prof. Luis A. Riveros
Emérito Universidad de Chile
