El déficit estructural y las lecciones que deja

Creo que podemos aplicar el refrán “no hay que llorar por la leche derramada” al déficit estructural que dejó el gobierno saliente, equivalente a un 3,6% del PIB. Sin embargo, sí es imprescindible analizar las razones de ese descuadre y, sobre todo, cómo evitar que se repita.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió el pasado 4 de marzo el “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025”, en el cual realiza un lúcido, riguroso y meticuloso análisis de las causas del problema. Entre ellas identifica errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos provenientes, principalmente, de los tributos “no mineros”; modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; la escasa efectividad del plan de acciones correctivas implementado por el gobierno; y un insuficiente ajuste del gasto fiscal. En otras palabras, las medidas adoptadas cuando comenzaron a surgir señales de alerta simplemente no dieron resultado.

El informe reconoce, además, que algunos factores permitieron evitar una situación aún más compleja en materia de consolidación fiscal. Sin embargo, esos “ahorros” se explican por la apreciación del tipo de cambio y por un mayor crecimiento del PIB nominal, factores que el propio informe advierte podrían ser transitorios.

El documento pone especial énfasis en los errores en la proyección de ingresos, al apostar por una mayor recaudación derivada de cambios legales en materia tributaria, particularmente a través de la ley de cumplimiento tributario, cuyas expectativas finalmente no se materializaron.

A lo anterior se suma, en mi opinión, la deficiente calidad de la información contable de las empresas públicas, especialmente de aquellas respecto de las cuales la Contraloría General de la República —73 en total— se abstuvo de emitir opinión sobre sus estados contables. Si bien estas empresas no inciden directamente en los ingresos fiscales, sí afectan el nivel del gasto, que finalmente fue el principal factor detrás del déficit estructural.

En efecto, el descuadre significa que los gastos superaron a los ingresos en la no despreciable suma de 12,3 mil millones de dólares, equivalente aproximadamente al costo de construir diez puentes sobre el canal de Chacao. La cifra refleja con claridad el descontrol que existió sobre las erogaciones fiscales.

Si el país hubiese debido enfrentar crisis como un gran terremoto o una pandemia, la situación podría ser comprensible. Sin embargo, en los últimos años —salvo los incendios forestales— no se registraron emergencias de magnitud comparable. Incluso los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, así como entre Israel y Palestina, si bien generaron tensiones en la economía global, no provocaron en nuestro país efectos de tal magnitud que justificaran un aumento extraordinario del gasto público.

También cabe preguntarse si ese mayor gasto se tradujo en mejores servicios públicos. La evidencia disponible no permite afirmar que haya habido mejoras sustantivas en áreas sensibles como salud o educación. Tal vez sí en materia de pensiones, aunque se trata de un avance cuya sostenibilidad aún está por demostrarse.

El escenario que enfrenta el nuevo gobierno es, por lo mismo, particularmente complejo. Su anunciado recorte de 6 mil millones de dólares en gasto fiscal, tan cuestionado y vilipendiado por algunos sectores, probablemente resultará insuficiente frente a la magnitud del problema.

Por ello, además de controlar el gasto, será necesario fortalecer los ingresos fiscales. Aquí surge una lección importante: el error del gobierno saliente fue confiar en que una mayor carga tributaria generaría automáticamente una mayor recaudación. Aunque no logró aprobar una reforma que elevara directamente los impuestos, sí impulsó incrementos indirectos —por ejemplo, a través de la reforma previsional— y apostó a un mayor control del cumplimiento tributario. Un camino correcto, pero que no produjo los resultados esperados.

La evidencia empírica muestra que el verdadero motor de la recaudación fiscal es el crecimiento económico. La pregunta inevitable es entonces cómo lograrlo.

La respuesta pasa por generar incentivos que impulsen la inversión. En una economía como la chilena, donde el Estado no puede crear empresas, corresponde al sector privado asumir ese rol. Pero ello solo ocurre cuando existen proyectos con rentabilidad atractiva, cuando hay certeza jurídica y condiciones adecuadas para emprender.

Los anuncios de las futuras autoridades parecen orientarse en esa dirección. Entre ellos destaca la propuesta de reducir la tasa del impuesto a la renta de las empresas desde 27% a 23%, con la posibilidad de llegar a 20% mediante incentivos asociados a la contratación de trabajadores.

Se trata, sin duda, de herramientas arriesgadas, pero que podrían generar resultados positivos. Tal como ocurre en los mercados de capitales, a mayor riesgo suele corresponder una mayor rentabilidad. Todo indica que se está apostando por esa lógica para enfrentar el complejo escenario fiscal que el país deberá afrontar en los próximos años.

Prof. Germán R. Pinto Perry

Director Programas de Especialización Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC

Universidad de Santiago