La reciente explosión ocurrida en Renca, que dejó víctimas fatales, personas en riesgo vital y extensos daños en viviendas y vehículos, activó de inmediato una investigación del Ministerio Público para esclarecer las causas y determinar eventuales responsabilidades penales.
Pero más allá de la indagatoria criminal, el caso también abre un segundo frente: el de las eventuales indemnizaciones para las víctimas y terceros afectados.
Según explica Thamars Vega, abogado y socio de Bustos Servicios Legales, cuando ocurre una tragedia con fallecidos y lesionados graves se inicia una investigación penal destinada a establecer si hubo delito y si existió negligencia. “Esa investigación busca determinar responsabilidades penales. Sin embargo, eso no reemplaza el derecho de las víctimas a exigir reparación económica por los daños sufridos”, señala.
¿Quiénes podrían responder? El experto aclara que la responsabilidad penal y la civil son ámbitos distintos que pueden avanzar en paralelo.
Mientras la causa penal apunta a establecer si hubo delito y eventualmente aplicar sanciones, la vía civil tiene por objetivo indemnizar los perjuicios. Esto incluye daño moral, lucro cesante y daño emergente, tanto en el caso de personas fallecidas como de lesionados y afectados materiales. “Incluso si no existiera una condena penal, podría igualmente configurarse responsabilidad civil y la obligación de indemnizar”, advierte Thamars Vega.
La eventual responsabilidad económica podría alcanzar a distintas personas o entidades, dependiendo de lo que determine la investigación técnica.
Podría responder el conductor, si se acredita negligencia; la empresa propietaria del vehículo, por responsabilidad por el hecho de sus dependientes; y eventualmente las aseguradoras, dentro de los límites de las pólizas contratadas. En casos complejos, también pueden existir responsabilidades concurrentes.
Además, las autoridades administrativas podrían fiscalizar el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, especialmente si se trata de transporte o manipulación de cargas peligrosas.
¿Qué deben hacer ahora las víctimas?
El abogado sostiene que uno de los errores más frecuentes es esperar a que la investigación penal avance sin tomar acciones paralelas. “Es recomendable asesorarse desde las primeras etapas. Eso permite preservar pruebas, evaluar coberturas de seguros y definir una estrategia adecuada para la reparación de los perjuicios”, advierte.
Entre las medidas que pueden adoptar las víctimas y sus familias se encuentran presentar querella para intervenir activamente en la investigación penal, recopilar antecedentes médicos, peritajes, fotografías y cualquier evidencia de los daños sufridos, revisar pólizas de seguros propias y de terceros eventualmente involucrados, y evaluar la reparación económica, ya sea dentro del proceso penal mediante un acuerdo reparatorio o bien a través de una presentación formal ante un tribunal civil.
En el caso de terceros que sufrieron daños en viviendas o vehículos, la inexistencia de cobertura en su propio seguro no impide demandar indemnización a quienes resulten responsables. “La intervención temprana es clave para resguardar derechos. No se trata solo de esperar el resultado de la investigación penal, sino de actuar oportunamente para asegurar la reparación integral del daño”, concluye Vega.
Mientras se esclarecen las causas de la explosión en Renca, el foco jurídico no solo estará puesto en eventuales responsabilidades penales, sino también en el camino que emprendan las víctimas para exigir compensaciones por una tragedia que ya dejó consecuencias humanas y materiales de gran magnitud.
