La megareforma y su impacto en la gestión municipal
El último punto pendiente sobre la denominada megarreforma se ha transformado en un campo de tensiones territoriales y políticas que por ahora impiden alcanzar un acuerdo a nivel nacional. El punto de conflicto dice relación con el mecanismo de compensación por la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal de ciudadanos de 65 años o más.
El diagnóstico es contundente. Según cifras de la Dirección de Presupuestos, la exención de contribuciones representa una merma al año 25 de entrada en vigor de la ley cercana a los 240 mil millones de pesos, equivalente al 0,08 % del PIB nacional (ver informe financiero). Para los municipios, esta reducción implica una caída promedio del 12 % de sus ingresos propios, aunque con variaciones significativas: comunas de altos ingresos pierden entre un 10 y un 15 %, mientras que las más vulnerables, dependientes del Fondo Común Municipal, enfrentan reducciones indirectas de hasta un 25 % de su presupuesto. Frente a las evidentes consecuencias de esta realidad, el Ministerio de Hacienda se abrió a encontrar un mecanismo de compensación que no ha logrado consensos. Expertos estiman que la victoria legislativa del gobierno se alcanzará nuevamente por diferencia de un solo voto.
Mas allá de las cifras, es evidente que el problema no es financiero, sino político y territorial. Las comunas con mayor capacidad de recaudación reclaman autonomía, mientras que las más pobres exigen compensaciones urgentes. El gobierno, atrapado entre estas presiones, intenta equilibrar las demandas con criterios de equidad, pero la falta de consensos bloquea el avance legislativo.
En este contexto, se prolonga la vulnerabilidad fiscal de los municipios, se debilita la capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas porque al recibir menos ingresos se reduce su capacidad para financiar por ejemplo programas sociales, seguridad e infraestructura entre otras y se pierde la confianza en el sistema tributario al percibirse como un sistema no equitativo.
La solución pasa por un cambio de enfoque. Más que crear nuevos instrumentos, se requiere fortalecer el Fondo Común Municipal (FCM), que constituye el principal mecanismo de redistribución de recursos entre comunas con distinta capacidad de recaudación. Dotarlo de mayores recursos incorporando por ejemplo un porcentaje de ingresos vinculados al desarrollo urbano e inmobiliario y establecer criterios más transparentes y progresivos (como indicadores que ponderen riesgos de desastre o equidad territorial) permitiría compensar de manera efectiva a las comunas más vulnerables, asegurando que la exención de contribuciones no se traduzca en un debilitamiento de la gestión local ni en una pérdida de servicios básicos para la ciudadanía.
Experiencias internacionales refuerzan esta idea: en Canadá, por ejemplo, los sistemas de transferencias intergubernamentales garantizan que las provincias con menor capacidad fiscal reciban recursos adicionales, asegurando estándares mínimos de servicios públicos. En Chile, avanzar hacia un FCM más robusto y con reglas claras de distribución permitiría compatibilizar el alivio social con la sostenibilidad fiscal de los municipios, transformando la reforma en una herramienta de cohesión y equidad territorial, cumpliendo la promesa de justicia fiscal y transformarse en un verdadero pacto de desarrollo inclusivo para Chile.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
