La UE y Canadá negocian un acuerdo de comercio digital que proteja datos personales y pagos seguros
La Unión Europea y Canadá han iniciado las negociaciones formales para un acuerdo de comercio digital que refuerce la protección de datos personales, garantice pagos seguros y allane el intercambio sin sobrecostes entre las dos regiones; un reto para el que las partes ya iniciaron contactos exploratorios en otoño del pasado año y que completará el marco de libre comercio establecido por Acuerdo Económico y Global (CETA, por sus siglas en inglés).
"Estamos preparados para pasar las relaciones UE-Canadá al siguiente nivel. Más del 40% de los 51.000 millones de euros del comercio de servicios que tenemos ya se realiza de manera digital", ha apuntado el comisario y negociador comercial jefe de la UE, Maros Sefcovic, en un comunicado tras dar por iniciados formalmente los contactos en una reunión en Toronto con el ministro de Comercio canadiense, Maninder Sidhu.
Sefcovic, además, avisó de que "no hay economía moderna que funcione sin un flujo seguro y confiable de datos" y defendió que las bases que la UE y Canadá establecieron para sus relaciones con el CETA "pasarán al siguiente plano" gracias al nuevo marco digital en negociación.
Entre las claves del acuerdo, Bruselas busca crear reglas vinculantes y de alto nivel de protección de datos personales y privacidad para crear un entorno online "seguro" para el consumidor, cuya actividad en la red quede protegida de mensajes comerciales no solicitados y pueda confiar en un marco seguro para realizar sus transacciones digitales.
Además, los negociadores buscan mejorar la seguridad jurídica de las empresas promoviendo el comercio sin papel --para lo que es necesario garantizar la validez de las firmas, contratos y facturas electrónicas-- y prohibir los aranceles sobre las transmisiones electrónicas para lograr transacciones digitales más eficientes y predecibles.
Asimismo abogan por promover el comercio digital justo prohibiendo requisitos injustificados de localización de datos y transferencias forzadas de código fuente de software, protegiendo así a las empresas de prácticas proteccionistas y fomentando la confianza en los mercados digitales.
