Calidad de la información financiera: la pieza ausente en el debate sobre el déficit estructural
El déficit estructural equivalente a 3,6 % del PIB para el ejercicio fiscal 2025 ha motivado un intenso debate entre los distintos actores de la economía nacional, dada su relevancia y las implicancias para la conducción de las finanzas públicas del próximo gobierno.
La discusión derivó en acusaciones cruzadas entre autoridades, académicos, gremios empresariales y representantes del sector productivo. La ministra Camila Vallejo sostuvo que la insuficiencia de ingresos se debe a que las empresas “no están pagando sus impuestos como corresponde”. Desde el mundo empresarial, en cambio, se ha enfatizado la necesidad de ajustar el gasto fiscal. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, atribuyó la responsabilidad al control del gasto, descartando un problema generalizado de incumplimiento tributario. En la misma línea, la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, afirmó que “la forma más sostenible de fortalecer la recaudación empresarial no es ampliar sospechas, sino generar las condiciones para que más empresas inviertan, contraten, crezcan y tributen”. Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, señaló que las condiciones macroeconómicas —bajo crecimiento, mayor informalidad y una elevada tasa de desempleo— afectan necesariamente los ingresos fiscales.
Todas estas posiciones resaltan factores que trascienden el mero cumplimiento tributario y ponen el acento en la política económica y fiscal del gobierno. Sin embargo, en este debate conviene considerar un elemento adicional de especial relevancia, ya advertido por el profesor Felipe Zúñiga, de la Universidad Austral: el documento de la Contraloría General de la República “Consolidado de Resultados de Auditoría N.º 2”, publicado el 24 de diciembre de 2025.
Ese informe indica que 73 entidades públicas no contaron con opinión de auditoría sobre sus estados financieros, porque los auditores se abstuvieron de emitir juicio respecto de la razonabilidad de las cifras reportadas. En términos técnicos, ello implica que no es posible confiar razonablemente en esa información contable.
La gravedad de este hallazgo no puede subestimarse. Sobre esos estados se construyen políticas públicas, se elaboran proyecciones macrofiscales y se formulan presupuestos. Resulta particularmente inquietante que, con una base informativa de esa naturaleza, no se hayan considerado oportunamente las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo respecto de las proyecciones de ingresos que finalmente derivaron en el déficit estructural que hoy se discute.
El informe de la Contraloría da cuenta de deficiencias de control y de procedimientos en 73 entidades públicas: 23 del sector municipal y 50 del Gobierno Central. Esto plantea un problema sistémico de calidad de la información financiera pública.
Conviene recordar que la Contabilidad es una disciplina esencial para la toma de decisiones de los agentes interesados en una entidad. En el caso de las empresas públicas, su relevancia es aún mayor, puesto que sus propietarios últimos somos todos los ciudadanos, y sus resultados deben contribuir al financiamiento de los fines del Estado.
Si las entidades públicas no entregan información contable confiable, no podremos determinar si están generando los resultados esperados, si los recursos asignados se utilizan eficientemente o incluso si es pertinente mantener determinadas estructuras institucionales que podrían estar contribuyendo a una expansión ineficiente del gasto público.
Con información financiera robusta y transparente sería posible mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la disciplina fiscal, evitando desviaciones como la observada en 2025, que ha enfrentado a actores relevantes del país y tensionado el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Finalmente, resulta inaceptable que tantas empresas estatales no cuenten con informes de auditoría para sus estados contables. Esa carencia sería impresentable en sociedades anónimas que cotizan en el mercado de capitales y puede afectar, además, su acceso a financiamiento bancario. Es necesario determinar responsabilidades por esta situación, dada la importancia de estas empresas para el país y para el debate sobre la insuficiencia de ingresos fiscales.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
