FSS-CCOO califica la Ley de Gestión Pública como "avance histórico" y reclama blindar la sanidad con "más garantías"
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) valora positivamente el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), presentado por el Ministerio de Sanidad, lo califica de "avance histórico" y reclama blindar la sanidad con "más garantías y empleo de calidad".
Para el sindicato, este anteproyecto "constituye un avance muy importante en la defensa de la Sanidad pública y abre la puerta a corregir parte de los problemas generados por la privatización", pero todavía deja abiertos espacios que, considera, "deben cerrarse en la tramitación parlamentaria".
Entre los aspectos más positivos del texto, la FSS-CCOO destaca la derogación expresa de la Ley 15/1997, que abrió la puerta a las "nuevas formas de gestión" y se ha utilizado como soporte de concesiones, PFI y otros modelos privatizadores. Por otro lado, la declaración de la gestión directa por las administraciones públicas como forma preferente de gestión de los centros y servicios del SNS, relegando la gestión indirecta a un carácter excepcional y sometido a condiciones estrictas.
También destacan la creación de un procedimiento de evaluación previa para los casos de gestión indirecta, que obliga a justificar por qué no se puede prestar el servicio con medios propios, a analizar su sostenibilidad financiera y social, y a emitir informes preceptivos por comités de evaluación, cuyas conclusiones deberán ser públicas, y el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas, mediante la publicación periódica de información sobre contratos, conciertos, resultados de salud y calidad, así como indicadores sanitarios de cada centro del SNS acordados en el Consejo Interterritorial.
El sindicato también pone en valor la prioridad de entidades sin ánimo de lucro en la adjudicación de determinados contratos, y la exigencia de gratuidad y ausencia de ánimo de lucro en la actividad que los hospitales privados vinculados por convenios singulares prestan a pacientes del sistema público, y la previsión de un informe estatal de evaluación de las experiencias de gestión desde 1997, que permitirá disponer de una base de análisis sobre los efectos de los modelos privatizadores en equidad, calidad y eficiencia.
En paralelo con el anteproyecto de Ley de modificación del Estatuto Marco, esta norma debe servir también para potenciar la dedicación de los y las profesionales a la Sanidad pública, mediante la fidelización y retención del talento y la utilización eficiente de todos los recursos públicos disponibles, reforzando el control sobre los conflictos de interés y sobre cualquiera de las formas de privatización.
De cara al futuro, onsidera necesario: concretar más los supuestos en los que se puede recurrir a la gestión indirecta y evitar que la "excepcionalidad" se convierta en la práctica en una fórmula general para mantener o ampliar privatizaciones; acompañar este nuevo marco legal con planes de refuerzo de la red pública y con estrategias claras de reversión de concesiones, conciertos y grandes contratos de servicios externalizados allí donde no se hayan demostrado mejoras en resultados o eficiencia; e introducir garantías laborales sólidas en los procesos de reversión y en el funcionamiento de consorcios y entidades de gestión pública, de forma que se asegure la estabilidad en el empleo, la subrogación y la equiparación de condiciones del personal con las del resto del SNS, evitando nuevas bolsas de precariedad.
Además, de abordar de forma explícita el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), comprometiendo una integración progresiva en el SNS, que evite circuitos asistenciales paralelos financiados con fondos públicos y refuerce un único sistema público, universal y solidario
