Gobernanza universitaria
En un pasado que todos queremos olvidar, las universidades chilenas fueron sometidas a una dura intervención, en que los antecedentes académicos eran sustituidos por juicios políticos que daban sustento a decisiones administrativas. El recuerdo de Federici es inevitable cuando se alude a la arbitrariedad de decisiones inconsultas que a menudo respondían solamente a acomodos políticos, estrategias de poder o simple arbitrariedad. Nada de eso es justificado sobre la base de resultados académicos, transparencia en la evaluación de los mismos, proyección para dar sostenibilidad al desarrollo de una universidad.
En las universidades chilenas, la elección de autoridades se encuentra regulada por estatutos y reglamentos que buscan ordenar la vida institucional, equilibrando participación académica, idoneidad profesional y visión estratégica. Convocatorias públicas, comités de búsqueda, votaciones internas y una designación final por parte de la autoridad superior conforman, al menos en teoría, un sistema destinado a otorgar previsibilidad, estabilidad y legitimidad a cargos clave para el desarrollo académico. Ese diseño no es casual y responde a décadas de reflexión universal sobre gobernanza universitaria, autonomía académica y necesidad de evitar arbitrariedades. El mensaje implícito es claro y es que quien participa de un proceso eleccionario, quien se somete a evaluaciones y obtiene respaldo institucional, adquiere no solo un cargo, sino un mandato y ese mandato, salvo causales graves y debidamente acreditadas, debe ser respetado.
El problema surge cuando ese diseño, aun correctamente ejecutado, se ve tensionado y desnaturalizado por decisiones posteriores que alteran radicalmente sus efectos. En esos casos, el procedimiento se transforma en una formalidad vacía y se cumple la regla, pero se traiciona su sentido. Una versión del “se acata pero no se cumple”. En no pocos casos, estas decisiones posteriores responden a dinámicas políticas internas, alineamientos circunstanciales o intereses personales de corto plazo. Se trata de lógicas conocidas por quienes habitan el mundo universitario: disputas de influencia, envidias ocultas, narcisismo encubierto, reacomodos de poder, temores a liderazgos autónomos o incómodos y la persistente tentación de controlar todo centralmente. Lo verdaderamente grave no es solo la decisión en sí, sino el contexto que la permite. Estas prácticas rara vez se sostienen en solitario, requieren silencios cómplices, apoyos tácitos y una comunidad académica que, aun reconociendo la injusticia o el daño institucional, opta por mirar hacia el costado. El miedo a represalias, la defensa de cuotas de poder o la simple resignación terminan por erosionar uno de los pilares fundamentales de la universidad: su capacidad de autorregulación ética.
No hay verdadera universidad sin respeto por las personas que integran su comunidad académica. No hay vida académica posible sin transparencia normativa ni liderazgos basados en una moral superior. La universidad no puede dejar de ser un espacio de deliberación para convertirse en una pura estructura jerárquica, donde el poder real se ejerce sin contrapesos visibles.
Prof. Luis A. Riveros
Emérito Universidad de Chile
