Proyecto de reajuste culminó tramitación en el Congreso Nacional

La Sala de la Cámara aprobó, en tercer trámite, las modificaciones efectuadas por el Senado al proyecto de reajuste del sector público (boletín 18036). Por efecto de esto, la iniciativa culminó con su tramitación en el Congreso Nacional y quedó en posición de pasar a revisión al Tribunal Constitucional y, luego, a fase de promulgación como ley de la República.

Tras su paso por el Senado, la propuesta consignó la aprobación del grueso de las normas despachadas por la Cámara. Entre ellas, el propio reajuste al sector público, que llegará a un 3,4% al 1 de junio de este año. Igualmente, se ratificaron los diversos beneficios económicos contemplados, como asignaciones, bonos y aguinaldos para el sector activo y pasivo. En tal plano, todas estas disposiciones quedaron saldadas en el segundo trámite.

Ahora, entre los principales cambios efectuados por el Senado están los siguientes:

Modificó el plazo para autorizar el teletrabajo en servicios públicos y otras entidades públicas. Así, se pasó del límite del 31 de diciembre de 2028, al 1 de marzo de 2027.

Eliminó el artículo que define la vía de financiamiento.

Suprimió las normas relacionadas a materias sindicales en el sector público.

Eliminó una modificación a la planta de directivos del segundo nivel jerárquico del Instituto de Previsión Social (IPS).

Suprimió la norma que ordena la renuncia del personal de confianza del Gobierno.

Incorporó un nuevo artículo que permite a los gobiernos regionales financiar proyectos de inversión regional en algunas empresas estatales.

Introduce la entrada en funcionamiento de los servicios locales de educación pública de Las Caletas y Costa Itata para el 1 de marzo de 2026.

Definió que la reclamación de la declaración de inadmisibilidad de una moción, solo podrá ser enmendada con los votos favorables de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Sala.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las licencias de conducir cuyo vencimiento ocurra durante el año 2025.

Al momento de las votaciones, se respaldó la mayor parte de las enmiendas por 122 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Luego, se esperaba una veintena de votaciones separadas, sin embargo, por acuerdo entre las partes, varias de las solicitudes se retiraron. La idea era facilitar el despacho de la ley. De tal modo, los artículos que finalmente se votaron fueron cinco, todos aprobados por mayoría de votos.

Participaron en el debate Jaime Sáez, Johannes Kaiser, Miguel Mellado, Marta González, Jorge Durán, Jaime Mulet, Juan Santana, Cristián Tapia, Félix González, Daniel Lilayu, Ana María Gazmuri, Carlos Bianchi, Camila Rojas, Karen Medina, Arturo Barrios, Juan Carlos Beltrán, Danisa Astudillo, Héctor Barría y Nelson Venegas.

En general, el ánimo fue en pro de apoyar el reajuste para las y los funcionarios públicos, así como los beneficios anexos.

Empero, se mantuvieron críticas en RN y la UDI, vertidas desde el primer trámite, como la referida a la poca claridad del financiamiento de la propuesta en su conjunto. Desde el Partido Libertario también se insistió en que habría alrededor de 800 millones de dólares no justificados.

Asimismo, hubo referencias sobre los cambios realizados por el Senado. Sectores como el Frente Amplio, así como algunos independientes, lamentaron la eliminación de los artículos que especificaban la vía de financiamiento, los referidos a las plantas del IPS y los relativos a derechos sindicales.

Tras el despacho del proyecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, agradeció el acuerdo para dar celeridad al trámite y gestionar prontamente los beneficios de la ley. En particular, destacó la aprobación del reajuste propiamente tal y de un centenar de normas, tanto complementarias como misceláneas.

Sin embargo, lamentó que no prosperaran las normas que iban a restar discrecionalidad en los despidos de contratas. Por otra parte, restó importancia a la eliminación de la norma de financiamiento, dado que la iniciativa está acompañada de un informe financiero donde se especifican los costos y desde dónde pueden obtenerse para sustentarlos.