Valoración del sistema de concesiones

A tres décadas de la implementación del sistema de concesiones de infraestructura pública en Chile, aún sigue dando vueltas la necesidad de valoración de este modelo por parte de las personas y el impacto que han tenido grandes obras que, sin duda, mejoran la calidad de vida.

Permanentemente, surgen reclamos asociados a proyectos viales, ya sea por una percepción de mal servicio producto de la alta congestión en ciertos puntos de estas carreteras; por la obligatoriedad del pago de tarifas o bien por el “impacto” que éstas causan en el entorno. Hoy se encuentra en discusión en el Congreso un proyecto de ley que establece la eliminación de multas por no usar el TAG (artículo 114 de la Ley de Tránsito) pero que, sin embargo, mantiene la obligación del concesionario de seguir prestando el servicio con el nivel exigido en el contrato, lo que provoca un socavón al sistema.

Desde la década de los 90, cada Gobierno ha evaluado el uso del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas concluyendo que sí funciona de manera adecuada. Esto ha permitido la provisión de infraestructura de alto estándar como las autopistas que tenemos a nivel nacional; se han podido construir de manera simultánea más de 15 hospitales; la habilitación de cárceles, como un elemento base para combatir la delincuencia y el desarrollo de embalses y desaladoras para enfrentar la crisis hídrica.

Sin embargo, a pesar de las importantes iniciativas que se han llevado adelante, la ciudadanía sigue evaluando mal el sistema, básicamente por la creencia que la infraestructura pertenece al concesionario, en circunstancias de que siempre es propiedad del Estado. Así, vemos que existe la percepción de que los privados se “llenan los bolsillos de dinero” con estas obras, aun cuando los actuales contratos ponen un techo a la rentabilidad, ya que finalizan cuando los ingresos predefinidos en la licitación son alcanzados.

¿Qué podemos hacer para lograr una mayor valoración del sistema? darlo a conocer, como parte de un trabajo colaborativo entre los socios “Estado-privados”, lo que permitirá una concreción de los proyectos más acelerada, interacción permanente con usuarios, vecinos y ciudadanía en general, para recabar sus necesidades e incorporarlas -en la medida de lo posible-, en los contratos. Este punto fue recogido -en parte- en el artículo 112 de la propuesta de Ley de “Reajuste al Sector Público 2026” recién ingresada por el Ejecutivo al Congreso, que propone facultar a la cartera de Obras Públicas para instruir mediante resolución de urgencia del director general de Concesiones, la ejecución de obras o servicios complementarios en sectores aledaños a las concesiones, con el fin de mejorar su inserción territorial, sostenibilidad y seguridad.

Además de sostenibilidad y valoración, se requieren otros elementos que fortalecerán este sistema: reactivación, destrabar proyectos y acelerar la aprobación de los mismos. En períodos de restricción presupuestaria y necesidades crecientes la asociación público-privada ofrece una alternativa efectiva, eficiente y madura para retomar el camino del desarrollo y el crecimiento con equidad.

Vivian Modak

Consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).