Vivian Modak

Hace pocos días se dio a conocer el Índice de Ciudades Inteligentes 2026, elaborado por el Centro de Competitividad Mundial del IMD, donde Santiago ocupó el lugar número 120 de un total de 148, la urbe de América Latina mejor ranqueada. El estudio ubica en los tres primeros lugares a Zúrich, Oslo y Ginebra, que destacan por la eficacia con la que alinean las estructuras de gobernanza, las prioridades de sostenibilidad, las decisiones de inversión pública y el fomento de la confianza ciudadana.

Está demostrado que la infraestructura pública genera desarrollo y equidad social. Hasta hace pocas décadas, en nuestro país la planificación, construcción y operación de obras para dar servicios públicos eran abordadas, esencialmente, por hombres. Sin embargo, las mujeres han ido lenta -pero con mucha fuerza-, ingresando a esta industria históricamente masculinizada.

A tres décadas de la implementación del sistema de concesiones de infraestructura pública en Chile, aún sigue dando vueltas la necesidad de valoración de este modelo por parte de las personas y el impacto que han tenido grandes obras que, sin duda, mejoran la calidad de vida.

Terremotos, aluviones e incendios son algunos de los eventos catastróficos a los que una y otra vez nos hemos visto enfrentados como país y que, con certeza, seguirán ocurriendo. Entonces, ¿por qué sólo centrarnos en procesos de reconstrucción y reparación luego de ocurrido el desastre? El objetivo debería ser invertir para prevenir la interrupción de servicios básicos y de la cadena productiva, con el consecuente deterioro en la calidad de vida de las personas.