Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político este jueves sobre las futuras normas para inversores minoristas, con el objetivo de mejorar la información al cliente, evitar conflictos de intereses y reforzar la transparencia y la protección del inversor en los mercados financieros europeos.
Entre otras cosas, el pacto refuerza la obligación de que las entidades financieras y de seguros actúen en el mejor interés del cliente, garantizando que los productos recomendados se ajusten a su perfil, objetivos y tolerancia al riesgo.
Para ello, se endurecen las normas sobre asesoramiento y se introducen criterios para evaluar la relación calidad-precio de los productos, con el fin de, según señalan las instituciones legislativas, evitar que se comercialicen instrumentos con costes desproporcionados para el inversor minorista.
En este sentido, los distribuidores deberán analizar si los costes y cargos de un producto están justificados en relación con su rendimiento y otros beneficios, y los supervisores nacionales podrán apoyarse en referencias comunes europeas para detectar productos que no ofrezcan un buen "valor por su dinero".
El acuerdo también endurece el control sobre las comisiones e incentivos que reciben quienes venden productos financieros, para evitar que influyan en la recomendación de determinados productos.
Estas comisiones solo se permitirán si no perjudican al cliente, aportan un beneficio claro y se explican de forma transparente, incluyendo su impacto en la rentabilidad. Los Estados miembros podrán, además, mantener o introducir prohibiciones más estrictas a nivel nacional.
Por último, se revisan los documentos de información al inversor para que sean más claros, comparables y fáciles de entender, con información visible sobre riesgos, costes y posibles rendimientos, y adaptados a formatos digitales. El objetivo es que los ciudadanos puedan tomar decisiones de inversión mejor informadas.
MAYOR EDUCACIÓN FINANCIERA DIGITAL
Junto a estos puntos, se refuerza el impulso a la educación financiera y se pone el foco en la figura de los conocidos como 'influencers' financieros, ante el creciente peso que tienen las redes sociales en las decisiones de inversión, especialmente entre los jóvenes.
El acuerdo introduce por primera vez un marco específico para regular la promoción de productos financieros a través de estos perfiles, con el objetivo de evitar mensajes engañosos o poco equilibrados sobre riesgos y rentabilidad.
En este sentido, las entidades financieras que recurran a este tipo de influenciadores deberán contar con acuerdos contractuales por escrito y serán responsables del contenido que se difunda en su nombre.
Entre otras cosas, deberán supervisar su actividad y garantizar que las comunicaciones comerciales sean claras, transparentes y cumplan la normativa vigente. Además, tendrán que identificarse de forma explícita el carácter publicitario de los mensajes, reforzando así la protección del inversor minorista.
El texto deberá ser formalmente aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembro dispondrán de dos años para transponer las nuevas normas a su legislación nacional.