Piratería digital: el costo invisible de la conectividad
El acceso a internet en Chile supera hoy el 90% de los hogares, según cifras de Subtel y estudios de la UC y OTIC CChC.
Este avance ha impulsado la digitalización y el acceso masivo a contenidos de entretenimiento, culturales y audiovisuales, sujetos a derechos de propiedad intelectual. Pero junto con ese progreso, también ha crecido un fenómeno profundamente dañino: la piratería digital.
En 2024, los sitios de piratería registraron más de 216 mil millones de visitas a nivel mundial. En América Latina, un informe de BB Media estima este 2025 una penetración de estas plataformas ilegales, superior al 40%, equivalente a 24 millones de hogares. Los países con mayor consumo ilegal concentran pérdidas de cientos de millones de dólares, afectando a las industrias audiovisuales, culturales y de telecomunicaciones. En Chile, diversas fuentes alertan sobre el avance de servicios IPTV ilegales que hoy compiten directamente con plataformas legítimas, incluida la TV de pago.
La piratería erosiona la inversión tecnológica, desincentiva la creación de contenidos, vulnera la propiedad intelectual, compromete la sostenibilidad del sector y expone a los consumidores a fraudes, malware y robo de datos.
Combatirla exige avanzar en conjunto como ecosistema. Alianzas público-privadas, como las impulsadas por Certal en Latinoamérica o ACE en EE.UU. y Canadá, demuestran que la colaboración puede reforzar la prevención, investigación y sanción de estos ilícitos, además de educar a los ciudadanos sobre sus riesgos. Hoy, los “piratas modernos” operan sin domicilio ni control alguno, aprovechándose de la buena fe de los consumidores y de la velocidad tecnológica, capturando datos personales para fines ilícitos
Se requiere actuar con rapidez y coordinación entre gremios, proveedores de contenido, asociaciones de consumidores y la industria en general. Frente a esta ilegalidad manifiesta es clave un regulador proactivo. La piratería digital no es solo un problema cultural: es una amenaza económica que afecta la innovación, la seguridad y la confianza. Conectividad y legalidad deben avanzar de la mano para asegurar un progreso digital sostenible y beneficioso para todos.
Cristián Salgado, vicepresidente Legal y Regulatorio de Claro Chile
