Dinamarca ha retirado la propuesta que pretendía obligar a empresas como Telegram y WhatsApp a monitorizar los mensajes que envían los usuarios de sus aplicaciones tras no encontrar el apoyo necesario, optando por la supervisión voluntaria para la lucha contra el abuso sexual infantil.
Los Estados miembros de la Unión Europea llevan años debatiendo sobre la supervisión de los servicios de mensajería cifrada, que emplean la encriptación de extremo a extremo (E2EE) para asegurar que solo el emisor y el receptor de un mensaje acceden a su contenido.
Este tipo de mensajería, muy extendida a nivel global con servicios como Telegram, WhatsApp, Messenger y Signal, también tiene entre sus usuarios a criminales que las usan para propósitos dañinos, como el crimen organizado o la pederastia
El objetivo de la Ley europea Chat Control 1.0 es permitir a las empresas tecnológicas responsables de esos servicios de mensajería la revisión voluntaria de los mensajes privados para combatir principalmente el contenido de abuso sexual infantil. Está en vigor desde 2021, aunque su plazo de aplicación se extiende hasta abril 2026.
Desde 2022 se debate su sucesora, Chat Control 2.0, que pretende que esa supervisión sea obligatoria, instaurando una vigilancia masiva sobre las comunicaciones de los usuarios. Ya se debatió en 2023, sin embargo, la última propuesta, planteada por Dinamarca en el marco de presidencia en el Consejo de la UE, ha sido retirada.
Tras encontrar el rechazo de Alemania, el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, explicó el pasado 30 de octubre que "la orden de registro no formará parte de la nueva propuesta de compromiso de la presidencia de la UE, y que seguirá siendo voluntario para los gigantes tecnológicos buscar material de abuso sexual infantil", como informan en Politiken y recoge Europa Press.
Para la ministra de Justicia alemana, Stefanie Hubig, la nueva situación "supone una mejora sustancial", informan en un comunicado. Según entiende, "contiene normas importantes para combatir la pornografía infantil en línea. Sobre todo, consolida y da continuidad a las opciones cruciales, aunque actualmente limitadas en el tiempo, que tienen los proveedores para denunciar voluntariamente el abuso sexual infantil".
Además, subraya que "la monitorización estatal de los chats queda descartada. El objetivo común del Gobierno alemán es combatir con mayor eficacia las representaciones de abuso infantil en línea. Al mismo tiempo, es evidente: en un Estado de derecho, el fin nunca justifica los medios. Los derechos civiles fundamentales también deben protegerse en el ámbito digital".
Hubig ha valorado "la introducción del almacenamiento obligatorio de direcciones IP" como algo "esencial" en esta lucha, que formará parte de una propuestas que presentarán "próximamente", que combinará "la persecución eficaz con la protección de los derechos fundamentales".
