Redondo aboga por reforzar el aborto en el SNS para abordar las desigualdades territoriales, sociales y económicas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado este jueves por reforzar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que a día de hoy sigue marcado en la actualidad por "muchas desigualdades" a nivel territorial, social y económico, según un informe elaborado por el Instituto de las Mujeres.

"Es cierto que necesitamos reforzar el servicio público, porque nos damos cuenta (...) de las diferencias que hay entre los distintos territorios, donde la externalización es prácticamente total, como en Madrid. Creo que esa diferencia atenta contra la igualdad en el acceso a los derechos de la propia Constitución", ha declarado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación del documento.

Tras ello, ha planteado a "futuro" la posibilidad de seguir el ejemplo de Francia y blindar el derecho al aborto en la Constitución, lo que ayudaría a protegerlo y a acabar con los "no pocos" obstáculos, como los administrativos, motivo por el que ha pedido a las comunidades autónomas ser "muy sensibles" y hacer más "livianos" estos procesos burocráticos.

El informe también ha mostrado que la objeción de conciencia se produce en "pasos mucho antes" de la interrupción, e incluso a la hora de proporcionar información a las mujeres, lo que supone una "gran barrera" a la hora de abortar, por lo que las autoras del texto han reclamado una regulación efectiva del mismo, de forma que este no interfiera con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad "de forma segura".

Durante su intervención, Redondo también ha abordado el "acoso" que sufren las mujeres en las clínicas, según el documento, señalando la dificultad de regular que una asociación antiabortista no pueda situarse en el entorno de una clínica abortiva.

"Yo creo que es ahí donde tenemos que regular y es donde estamos estudiando una normativa (...) Pero no es nada fácil por lo que os digo, porque es que hay un conflicto de derechos que nos tapona muchas soluciones normativas, lamentablemente es así, pero estamos trabajando en esa hipótesis, en esa posibilidad de prohibir que determinados centros se abran al lado de las clínicas", ha añadido Redondo.

La coordinadora de este informe y de la Federación Mujeres Jóvenes, Lucía Candeira de Andrés, ha señalado que el derecho de acceso al aborto también se encuentra marcado tanto por las diferencias entre el mundo urbano y rural, como por la dependencia del sector privado.

En ese sentido, ha detallado que más del 80 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas, de las que ha elogiado su perspectiva feminista, pero cuyos costes pueden suponer una barrera.

Del mismo modo, Candeira ha lamentado que en Castilla La Mancha se deriven todos los abortos a clínicas privadas, de las que solo hay dos en toda la comunidad, por lo que muchas mujeres tienen que realizar grandes desplazamientos para ello.

Si bien ha reconocido que Cantabria ha hecho una implantación pública "bastante buena" del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo farmacológico, ha expresado que sus habitantes deberán desplazarse a Valladolid o Madrid si quieren realizar un aborto instrumental.

"En Madrid tenemos una privatización casi total con un sistema en el que se nos obliga a pasar por una unidad específica que nos da una factura para que sepamos cuánto nos cuesta un aborto. Esto es una barrera política (...) a ninguna de las mujeres ni de los ciudadanos se nos da normalmente una factura de cuánto nos cuesta ir al médico, pero con el aborto se está haciendo", ha criticado Candeira.

Toda esta situación, unida al estigma social e institucional, a la "falta" de formación específica para profesionales sanitarios, está generando derivaciones "innecesarias" e itinerarios "muy complejos" que se podrían evitar.

Por su parte, la integrante de la Junta Directiva de Federación Mujeres Jóvenes Laura Selena de Andrés ha presentado una serie de propuestas encaminadas a paliar las desigualdades de acceso al aborto, como garantizar que se puedan realizar en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y desde una perspectiva feminista, evitando a las mujeres largos desplazamientos o dependencia de las clínicas privadas, todo ello a través de un presupuesto específico.

Para garantizar una atención "libre de juicios morales y discriminación", las autoras del informe han reclamado la realización de campañas de sensibilización y la creación de protocolos de trato digno en todos los centros de salud.

"Basta de juicios morales en las consultas, porque lo que las chicas se están encontrando es que son juzgadas por los propios sanitarios, y eso es muy, muy grave, y no solo los propios sanitarios. Para nadie es algo desconocido el acoso que se vive en las propias clínicas", ha recalcado De Andrés.

Asimismo, ha reclamado la eliminación de trabas administrativas para colectivos vulnerables y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como prestación sanitaria de urgencia; asegurar una accesibilidad universal a mujeres con discapacidad y menores; y priorizar aquellos casos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, quienes deberán ser acompañadas durante el proceso.

De Andrés también ha destacado la importancia de desarrollar e implementar la educación sexual en el sistema educativo y de tomar medidas para que las organizaciones "contrarias" a los derechos sexuales y reproductivos puedan hacer intervenciones, talleres o cualquier acción dentro de los centros educativos.

"El derecho a decidir no empieza en la clínica, sino que empieza en la propia escuela o en nuestras propias casas. Necesitamos una educación sexual integral con estándares comunes en todas las comunidades autónomas y campañas de sensibilización libres de injerencias de organizaciones que niegan nuestros derechos", ha finalizado.