Senado aprobó en general el proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea

Un sustantivo avance logró el proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea luego que la Sala del Senado lo aprobara en general por 27 a favor, tres en contra y cinco abstenciones. Este proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, tiene como objetivos proteger la salud y la seguridad de quienes juegan, sobre todo de niños, niñas y adolescentes; transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas; generar un mercado competitivo, considerando otras formas de juego actualmente legales (sorteos de lotería, números de Polla/Lotería y actividad hípica); resguardar la fe pública (certificación de la aleatoriedad en el juego); y contribuir a la recaudación fiscal, ya que en régimen se estima recaudaría unos $84.000 millones al año.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó durante la sesión que "este proyecto regula una actividad que, desde la primera versión del proyecto ingresada al Congreso en marzo del 2022, ha tenido una expansión muy sustantiva al margen de la ley, a la vista de todo el mundo, sin pagar impuestos, sin cumplir normas. Es una actividad y un mercado que requiere un marco regulatorio y al mismo tiempo controlar y evitar los excesos en lo que se puede incurrir". Agregó que "es importante tener en mente la relación de esta iniciativa con la tipificación del juego ilegal que está contenido en el proyecto de Inteligencia Económica contra el crimen organizado, que actualiza la definición de juego ilegal y presupone que esta iniciativa sobre apuestas en línea se aprueba antes, de tal manera que pueda haber coherencia entre ambas".

Por su parte, la subsecretaria Heidi Berner mencionó entre las razones para legislar esta actividad que “pese a que contraviene el actual marco legal, no se cuenta con herramientas para perseguir de manera eficiente el juego ilegal a través de medios digitales. Tampoco existe trazabilidad respecto de los propietarios de las plataformas ni del origen de los fondos, por lo que representa riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento de otras actividades ilegales”. Enfatizó que se busca la formalización de las plataformas como sociedades registradas en el país, bajo la debida fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego, que de acuerdo al mismo proyecto se convertirá en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.

También destacó que “el proyecto establece un diseño regulatorio que equilibra incentivos a la regularización, como sanciones severas a quienes se mantengan en la ilegalidad, otorgando nuevas atribuciones a la Superintendencia, CMF, SII, Subtel, UAF, entre otras. Por lo mismo, representa una mejora sustantiva respecto la situación actual, en que cientos de plataformas operan sin estándares de protección a usuarios, sin pagar impuestos y sin fiscalización”.

En respuesta a algunas dudas de las y los legisladores explicó que lo ideal es generar una canalización que según la experiencia internacional ronda el 90%, ya que siempre habrá operadores que intenten mantenerse en la ilegalidad: “Por ello, como dijo el ministro, es clave el proyecto de Inteligencia Económica, donde hay una tipificación del delito para que ese juego ilegal se pueda perseguir de manera adecuada”.

Ahora la iniciativa continuará el análisis en particular en Comisiones Unidas de Economía y Hacienda para agilizar la tramitación; y se dio plazo de indicaciones hasta las 12:00 horas del 29 de septiembre.

Trayectoria de tramitación y ejes del proyecto

Este proyecto fue aprobado por la Cámara el 12 de diciembre de 2023, con apoyo transversal. En el Senado fue enviado a las Comisiones de Economía y de Hacienda, como comisiones técnicas. La Comisión de Economía del Senado aprobó el PDL en general el 2 de abril de 2024, por la unanimidad de sus miembros. La Comisión de Hacienda empezó a analizarlo el 16 de julio y lo aprobó el 1 de agosto en general. En lo principal, el proyecto apunta a:

Regular el mercado de apuestas en línea, con autorización administrativa para ingresar y resguardando el cumplimiento de todas las exigencias legales para los juegos de azar.

Proteger la salud y la seguridad de las y los jugadores a través de una Política Nacional de Apuestas Responsables aplicable a toda la industria del juego, para prevenir enfermedades relacionadas con las apuestas. También normará la publicidad y promoción por parte de los operadores, incluyendo la protección de niños, niñas y adolescentes.

Crea un título completo de persecución al juego ilegal que establece normas de control de medios de pago, como el bloqueo general de transacciones cuyo destinatario sea una plataforma no autorizada, y se les prohíbe tener cuentas en el país. Los proveedores de internet deberán bloquear el acceso a plataformas no autorizadas y se prohibirá la descarga de sus apps. Asimismo, establece una serie de delitos especiales para asegurar la efectividad de la persecución penal, que abarcan conductas como explotar plataformas que operen sin autorización; promover o participar en la publicidad de una plataforma no autorizada; abrir cuentas con información falsa o vulnerando mecanismos de seguridad, entre otras.

Establece nuevas fuentes de financiamiento para el deporte: las plataformas autorizadas deberán pagar un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos sobre apuestas deportivas a favor del Instituto Nacional del Deporte, para distribuir 1/3 a federaciones deportivas, 1/3 al Comité Olímpico y 1/3 al Comité Paralímpico. Y 22% de los ingresos brutos del sistema de pronósticos deportivos Xperto de Polla irán al Instituto Nacional del Deporte en los mismos términos (hoy 12%).

Se incorpora una prohibición de realizar apuestas a jugadores, deportistas, presidentes de federaciones u organizaciones, directorio, organizadores, entrenadores, representantes, etc. cuando se tenga incidencia en el resultado. Dicha prohibición se complementa con el delito de alterar o modificar un objeto de apuestas (amaño), afectando su calidad de incierto.

Régimen tributario: la actividad será gravada con IVA por ser un servicio de entretenimiento digital, lo que permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por bienes y servicios que adquieran y contraten (como publicidad y software). Al igual que los casinos, queda sujeta a un impuesto específico (20%) que busca corregir la externalidad del juego. Y para fomentar el juego responsable, se establece un aumento de la tasa del impuesto específico de 1%, con posibilidad de descontar los desembolsos realizados por dicho concepto.

La ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente de su publicación, para la inmediata persecución del juego ilegal, pero las normas relativas a entrega de licencias en régimen rigen una vez dictado el reglamento (plazo de 6 meses). No obstante, se establece un procedimiento de licencias transitorias para postulantes que no hayan operado ilegalmente en Chile en los 12 meses previos, y acrediten el cumplimiento de estándares técnicos de legislaciones similares a la chilena, junto con el cumplimiento de otros requisitos como solvencia.

Las plataformas que operan actualmente en la ilegalidad sólo podrán solicitar licencias transcurridos 12 meses desde que dejen de operar ilegalmente en el país (cooling off). Vencido dicho plazo, si quieren obtener una licencia deberían pagar un impuesto único y sustitutivo con dos componentes: 31% de los ingresos brutos (reconociendo los ingresos no tributados) y 0,07 UTM por cuentas de usuarios (reconociendo la captura previa de mercado), considerando los 36 meses previos a la entrada en vigencia de la ley.