El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado este viernes la reforma migratoria impulsada por el Gobierno y que endurece los requisitos de reagrupación familiar y permisos de residencia a ciudadanos de lengua portuguesa, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado que varias de las disposiciones son insconstitucionales.
"Tras la sentencia de hoy del Constitucional, que declaró inconstitucionales cinco disposiciones que habían sido sometidas a control constitucional preventivo, el presidente devolverá a la Asamblea, sin promulgación (...), el decreto (...) sobre el régimen jurídico de la entrada, estancia, salida y expulsión de los extranjeros del territorio nacional", reza un breve comunicado de la oficina de Rebelo de Sousa publicado en su página web.
Minutos antes, el tribunal había rechazado las disposiciones relacionadas con la reagrupación familiar, en concreto la que establece que los ciudadanos extranjeros con un permiso de residencia y que residan legalmente tienen derecho a la reagrupación únicamente con familiares menores de edad siempre que hayan entrado de forma legal a Portugal y residan en el país.
El presidente del Constitucional, José Joao Abrantes, ha subrayado que esta norma, "al no incluir al cónyuge o persona equivalente, puede forzar la desintegración familiar" y conducir "a la separación de los familiares del ciudadano extranjero", lo que constituye una violación de los derechos constitucionales, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.
De igual forma, ha declarado inconstitucional otra parte del proyecto de ley que estipula que para solicitar la reunificación de familiares residentes en el extranjero un ciudadano debe haber residido legalmente en el país durante al menos dos años. "La imposición de un plazo (...) es incompatible con la protección constitucional que se debe a la familia", ha puntualizado.
No obstante, ha declarado constitucional la disposición que establece que ciertos permisos de residencia, ya sea para docencia, inversión o actividades culturales, tienen derecho a la reagrupación familiar, incluso si no son menores de edad. Así, ha explicado que "no resulta desproporcionada ni discriminatoria", puesto que nadie puede verse beneficiado o perjudicado de ningún derecho por razón de sexo, raza, religión, convicciones ideológicas, posición económica, etc.
Tras el fallo, el gubernamental Partido Social Demócrata (PSD) ha informado de que analizará la sentencia para adecuar la ley a las exigencias del Constitucional, mientras que el presidente del ultraderechista Chega, André Ventura, ha afirmado que la decisión del tribunal "no es comprensible" y refleja que "un espíritu de izquierda se ha apoderado de las instituciones. Por contra, los socialistas (PS) han sostenido que la decisión restablece el "sentido común".
El Constitucional se ha pronunciado así después de que a finales de julio el jefe de Estado sometiera a control preventivo urgente de constitucionalidad siete de las disposiciones de la reforma migratoria, considerando que "parecen restringir de forma desproporcionada y desigual el principio de unidad familiar y podrían no salvaguardar el interés superior del menor, quien se ve obligado a afrontar separaciones prolongadas".
La reforma llegó al escritorio de Rebelo de Sousa después de recibir haber sido aprobada en la Asamblea Nacional con los votos favorables del gubernamental PSD, los democristianos CDS-PP (que forman parte del Ejecutivo) y Chega. Los liberales (IL) se abstuvieron y el resto de formaciones políticas, con el Partido Socialista a la cabeza, votaron en contra.
