El presidente del Constitucional, José Joao Abrantes, ha subrayado que esta norma, "al no incluir al cónyuge o persona equivalente, puede forzar la desintegración familiar" y conducir "a la separación de los familiares del ciudadano extranjero", lo que constituye una violación de los derechos constitucionales, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.
