Sr. Director:
La reinserción de quienes infringieron la ley requiere de un trabajo colaborativo entre el sector público y privado, y no puede depender solo de las fundaciones: el Estado, construyendo políticas públicas y velando por su cumplimiento; las empresas, aportando capacidad para generar empleabilidad a su vez que las fundaciones abordamos aspectos educativos, emocionales y familiares. Pero sin una fuente laboral digna, que entrega ingresos y propósito −una verdadera segunda oportunidad− los casos de éxito se reducen.
A modo de contexto, se estima que por cada persona que completa el proceso de reinserción, se evitaría hasta 520 delitos al año. Otra estadística del SENAME señala que la reincidencia juvenil a los dos años supera el 46%. De ahí la importancia de contar con una alianza público-privada capaz de romper ciclos de exclusión y alejarlos de forma definitiva de la vida delictiva.
Hacemos un llamado a que más empresas se atrevan a ofrecer empleos para quienes buscan enmendar el camino. Es hora de un nuevo pacto social, donde el compromiso empresarial permita cambiar el destino de estas personas, porque cada caso exitoso de reinserción es un triunfo para el país.
Bernardo Vásquez
Director ejecutivo de Fundación Reinventarse
