La Red de Atención a las Adicciones, UNAD, ha hecho un llamamiento a la sociedad y a los poderes públicos para que defiendan y fortalezcan las políticas públicas de atención a las adicciones, de modo que se garantice la atención de calidad en todos los territorios, incluyendo zonas rurales, y el acceso universal para todas las personas sin discriminación por edad, género, clase social, origen, orientación sexual o situación de salud.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora este jueves, considera que es fundamental fomentar una coordinación real entre administraciones públicas para asegurar una atención integral, eficaz y sin barreras.
El manifiesto también recoge la necesidad de contar con la participación de las personas que viven con adicciones y de la sociedad civil organizada en el diseño e implementación de las políticas de drogas, y seguir avanzando en enfoques basados en los derechos humanos y la justicia social, que reconozcan la dignidad y diversidad de estas personas.
Desde UNAD insisten en que "las adicciones no son un problema individual, sino que están vinculadas a causas sociales y estructurales" Por ello, defienden que las políticas de drogas han de ser integrales, e ir acompañadas de políticas sociales amplias, dotadas de recursos y con una firme voluntad y compromiso político.
Desde UNAD, integrada por 210 entidades sociales en toda España, han publicado un manifiesto difundido en este día bajo el lema 'Por políticas de drogas basadas en derechos', en el que insiste en que las adicciones no deben quedar invisibilizadas ni limitarse exclusivamente al ámbito sanitario o de salud mental, ya que "se trata de un fenómeno complejo y multifactorial que requiere una atención integral: social, sanitaria, jurídica, educativa, entre otros".
La organización, que cumple este año su 40º aniversario, subraya que las personas con adicciones deben ser acompañadas, no castigadas, y que la criminalización solo profundiza la exclusión social, dificultando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el empleo o la educación. En este sentido, rechaza los enfoques punitivos que perpetúan el estigma y la discriminación.
