Con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y en el contexto de la publicación en Chile de la Ley 21.719 y el anuncio del proyecto Stargate durante el primer día del mandato de Donald Trump, surgen múltiples interrogantes sobre el futuro de la protección de nuestros datos personales. Estos datos, que constituyen la materia prima para los sistemas de inteligencia artificial (IA), requieren una regulación robusta que asegure su tratamiento adecuado bajo estándares legales rigurosos.
A poco de asumir como Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en sus siglas en inglés) en el gobierno de Trump, Elon Musk cuestionó la inversión de 500 mil millones de dólares en la creación de un megacentro tecnológico en Texas y nuevos centros de datos en Estados Unidos, destinados a desarrollar un sistema de IA que supere los avances actuales. Este proyecto, respaldado por actores clave como Oracle, OpenAI, SoftBank y MGX, marca un hito en la disputa global por la supremacía tecnológica. Se trata, en efecto, del inicio de una nueva "guerra fría" digital, en la cual China, con su imponente inversión, innovación tecnológica, un sistema de regulación de datos personales (PIPL) fuertemente controlado por el Estado, desempeña un papel crucial y el reciente y exitoso debut de su chat de IA de código abierto, llamado DeepSeek.
Este escenario competitivo se ve intensificado por las políticas económicas anunciadas por Trump, que priorizan el crecimiento económico, en contraste con las políticas de protección de datos en Europa, las cuales han influido en la legislación chilena. En términos económicos, Estados Unidos y China se posicionan en una ventaja estratégica frente a Europa, particularmente en la carrera por dominar el mercado global de la IA. Esta dinámica exige una reflexión sobre cómo las normativas de protección de datos, especialmente las de Europa, pueden influir en las decisiones regulatorias en otras jurisdicciones.
Chile, en este contexto, se posiciona como uno de los líderes regionales en la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, según el informe ILIA 2024. El país ha adoptado un enfoque que, tanto en la nueva Ley de Protección de Datos Personales como en la recientemente promulgada Política Nacional de Inteligencia Artificial, sigue los principios del modelo europeo, con una atención especial a las recomendaciones de la UNESCO. Estas normativas no solo proponen principios y protocolos para la protección de los derechos fundamentales, como la privacidad de los datos, sino que también facilitan el desarrollo tecnológico y la innovación en un marco legal que busca garantizar la competitividad internacional.
No obstante, aún persiste el desafío de implementar estas normativas de manera efectiva en todos los niveles institucionales y sociales, asegurando que los estándares éticos y las mejores prácticas se integren adecuadamente en la interacción entre los sistemas de IA y los datos protegidos. Este proceso debe considerar siempre que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, debe estar al servicio del ser humano, y que la persona debe ser el centro de todas las políticas públicas y privadas.
En este ámbito, es fundamental no pasar por alto los riesgos derivados del tráfico transfronterizo de datos. En respuesta a este fenómeno, la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile establece reglas claras para la transferencia internacional de datos, garantizando su circulación lícita sin comprometer la privacidad de los individuos.
El reto final radica en cómo fortalecer la competitividad de Chile en este incierto escenario global, caracterizado por la disputa tecnológica entre las potencias mundiales. Esto implica fomentar la innovación, capacitar al capital humano, promover el desarrollo de energías alternativas y, al mismo tiempo, proteger adecuadamente los datos personales. Solo así se podrá garantizar que el progreso tecnológico, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, se alinee con los derechos fundamentales de las personas.
Cynthia Gajardo Valdés,
Estudio Molina Matta y Asociados