Evasión e informalidad
El Director Nacional (s) del Servicio de Impuestos Internos anunció una serie de medidas para aplicar las nuevas facultades que la ley de Cumplimiento Tributario le ha otorgado, las cuales serán utilizadas “con responsabilidad, pero con decisión”. Sin duda que este renovado ímpetu está encaminado para combatir la evasión, el comercio ilícito y contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
Especial énfasis se dio a la “evasión e informalidad”, para lo cual se destacó la eliminación de la exención del IVA para importaciones inferiores a US$ 41; toda administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades deberán exigir el inicio de actividades a los contribuyentes con los que contraten algún producto o servicio, así también como las plataformas digitales, hecho que resulta evidente, pero que en algunos casos no era exigido; las instituciones bancarias deberán entregar información sobre transacciones que involucren más de 50 abonos de personas distintas, a un mismo contribuyente, dentro de un mes, o de cien abonos en 6 meses; habrán instrucciones específicas para la emisión de facturas en supermercados y restaurantes, con el claro objetivo de controlar las compras de consumo personal que son registrados en la por la contabilidad de las empresas; mayor fiscalización en terreno, aumentando la presencia de los fiscalizadores en las operaciones de pequeños comerciantes y comercio en general. Esto último fue muy evidente en las fondas, donde yo presencié como un expositor de artesanías suplicaba a un fiscalizador que lo multara por no haber cumplido con las obligaciones que le estaban exigiendo.
También se revivió el control carretero en el peaje de Angostura, para controlar el transporte de carga que ingresa a la Región Metropolitana, lugar icónico y que más de una anécdota es posible contar del otrora celo fiscalizador.
Todas estas medidas están muy bien intencionadas, pues tienen por objetivo de corregir las conductas evasivas y lograr combatir el crimen organizado, sin embargo, creo que podemos correr el riesgo de pagar justos y pecadores.
No veo el interés ni la iniciativa de realizar procedimientos que faciliten la creación de nuevos negocios, no veo el monotributo anunciado ni una coordinación con las municipalidades para agilizar el otorgamiento de patentes municipales o permisos a pequeños contribuyentes que puedan acogerse a las normas del artículo 22 de la Ley sobre Impuestos a la Renta
Creo que faltan las zanahorias para motivar la correcta conducta del contribuyente, pues están reluciendo los garrotes que pueden ser aplicados a diestra y siniestra pudiendo entorpecer operaciones lícitas y que la mayor burocracia pueda errado su foco.
Sin embargo, soy optimista y confío en la “responsabilidad” que señaló el Director Nacional (s), y espero una aplicación criteriosa de este nuevo talante fiscalizador.
Prof. Germán R. Pinto Perry,
Director Programas de Especialización Tributaria,
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
