Frente a la nueva consulta popular
Ecuador, se prepara para el 21 de abril de 2024, asistirá una vez más a las urnas y esta vez para pronunciarse por sí o por el no, en un cuestionario de 11 preguntas de las cuales 6 se relación con la consulta popular y 5 con el referéndum. El proceso democrático que se avecina tendrá lugar en medio de un acalorado y turbulento panorama económico y político, en donde los resultados que se obtengan podrían acarrear profundas implicaciones para el futuro inmediato de la nación sudamericana.
La consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, tiene lugar a inicio de la gestión del presidente Daniel Noboa, que fuera un ofrecimiento de campaña del primer mandatario, de convocar a una consulta en los primeros 5 meses de gobierno. Frente a las 6 preguntas de consulta popular y 5 de referéndum, ha generado un intenso debate en la población ecuatoriana y ha despertado el interés en la comunidad internacional.
Desde una perspectiva política, el evento consultivo representan un desafío para el presidente Noboa, por tanto, en la papeleta se tendrá dos tipos de preguntas, unas de referéndum y otras de consulta popular, aquí es necesario destacar que las seis preguntas que son de consulta popular, requieren un mecanismo más simple, ya que son propuestas para modificar leyes y por lo tanto no requieren reformas o modificar a la Constitución y una vez aprobadas y publicadas en el registro oficial se convierten en leyes.
Al mismo tiempo, las 5 preguntas de referéndum, requieren de un mecanismo más complicado, pues se trata de propuestas de reformas o enmiendas a la Constitución de la República, es decir que en su ejercicio se reducen o incrementan derechos consagrados en la carta magna, una vez que sean aprobadas, el presidente de la República deberá enviar el proyecto de reforma para que la asamblea lo debata, lo apruebe o lo niegue, lo que implica, que independientemente que el pueblo lo apruebe en las urnas, no será una ley, si el pleno de la Asamblea Nacional decide no aprobarla.
El cabildeo para ganar adeptos a la consulta y referéndum al interior de la Asamblea Nacional se intensifica, al mismo tiempo ya se escuchan voces de rechazo y su llamado a votar no, otras bancadas como la de construye la segunda en importancia por el número de legisladores al parecer experimentan división interna, tres de los 28 asambleístas han hecho público su apoyo a la consulta popular. Al mismo tiempo, las bancadas del social cristianismo y revolución ciudadana que forman parte del acuerdo legislativo con el gobierno, están buscando vías para evitar que el proceso electoral se concrete.
La consulta y referéndum que próximamente tendrán lugar, son un claro reflejo de las profundas divisiones políticas y sociales que experimenta el Ecuador actual. Se evidencia por una parte a sectores sociales mayoritariamente cercanos al actual régimen que ven a esta acción como una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción y a la inseguridad, mientras que otros la perciben como un instrumento para socavar la democracia y avanzar a la concentración del poder en los grupos económicos.
La consulta se realiza dentro del tiempo previstos en la campaña electoral por el presidente, hay preocupación entre la ciudadanía y las organizaciones sociales, pues se considera que las 11 preguntas que irán en la papeleta no recogen el sentir de la nación, es más, algunos expertos sostienen que, en base a la experiencia de hechos similares pasados, se trataría de un nuevo disparo al aire, para nadie es desconocido, que como resultados de procesos anteriores, solo nos quedan letras muertas en papeles.
Se sostiene además que no se justifica gastar 60 millones de dólares en una consulta, cuando el país se debate en la peor crisis económica según lo ha manifestado el ministro de Economía y Finanzas. Al mismo tiempo, se objeta la pregunta sobre el arbitraje internacional, ya que va en contra de los intereses nacionales, es de conocimiento generalizado que el fallo de los tribunales internacionales favorecen a las corporaciones en detrimento de los estados nacionales.
La controversia por parte de los sectores sociales es la cuarta pregunta del referéndum que hace relación con el contrato de trabajo por hora y a tiempo fijo, pues se considera que su aprobación sería una regresión de derechos y profundizaría con ello el trabajo precario, con lo cual, en vez de que esta medida que en el pasado ya tuvo vigencia y fue lesiva, provoque un efecto rebote y tenga repercusiones lamentables para la economía.
Si bien, se puede de alguna manera incentivar el trabajo joven, pero no es menos cierto que liberaría al sector empresarial, de los pagos a los nuevos trabajadores, tales como décimos, seguridad social (fin a la jubilación),vacaciones, horas extras, feriados, fines de semana y otras prestaciones laborales, con lo cual podría dar pasos a despidos masivos de quienes tienen trabajo fijo para contratar jóvenes por hora y con ello liquidar el escaso trabajo formal y fomentar la precarización laboral.
A modo de ejemplo, en una universidad privada “prestigiosa” del Ecuador, la ley obligaba a contratar profesores a tiempo completo y el salario mensual de 1670 dólares y todos los beneficios de ley, luego quedó insubsistente la ley y procedieron a despedir a los profesores y lo remplazaron con jóvenes o los vuelven a contratar por horas, que implica que en el mejor de los casos lo contratan por tres asignaturas con un total promedio de 180 horas el semestre a 10 dólares la hora, recibiendo una remuneración de 1800 dólares al final del semestre.
Es un buen negocio para los empresarios de la educación, antes le pagaban a un profesor 1670 dólares mes y ahora pagan un promedio de 360 mensuales (al final del semestre), considerando que el semestre es de 5 meses académicos. Este podría ser el escenario para los trabajadores del Ecuador.
Prof. Félix S. Pilay Toala
Doctor. Economista, Magister en Administración Pública.
Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe)
Pilayfelix071@gmail.com
