Proyecto de Permisología del Gobierno: ¿Un paso adelante o dos atrás?
El Proyecto para la “Permisología” del Gobierno de Chile -liderado por el Presidente Gabriel Boric y respaldado por los ministros de Hacienda, Economía y Medio Ambiente- de impulsar los proyectos de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0) parece ser un paso positivo hacia la mejora de la tramitación de permisos y la agilización de los procesos para desplegar proyectos de inversión en el país, sin embargo, plantea una serie de interrogantes que deben ser considerados críticamente.
La iniciativa busca reducir la burocracia estatal y acelerar la tramitación de permisos, lo cual es esencial para fomentar la inversión y el crecimiento económico. El énfasis en otorgar los permisos con agilidad, sin sacrificar la rigurosidad necesaria para cumplir con estándares ambientales y de inversión, muestra un equilibrio que puede ser clave para atraer inversiones responsables y sostenibles. Pero la premisa de "destrabar la alta burocracia estatal" si bien suena atractiva, es necesario cuestionar cómo se equilibrará esta agilidad con la garantía de estándares ambientales y de inversión adecuados.
El apuro manifestado por los ministros en la tramitación legislativa, argumentando que sería un "contrasentido" demorar la aprobación de una legislación que busca reducir plazos, plantea la preocupación de si se dará el espacio necesario para una revisión exhaustiva de la propuesta. La calidad de la legislación es esencial, y la rapidez no puede convertirse en un pretexto para pasar por alto aspectos cruciales.
De lo que sabemos del proyecto, existen propuestas que van absolutamente por la línea correcta como, por ejemplo, alejar las decisiones ambientales del poder político para llevarlas definitivamente al terreno de lo técnico, eliminando el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental. La dificultad que observamos es que se concentran las decisiones en poder de una sola persona, la Dirección Ejecutiva del SEA. Es importante que sea con el apoyo de un equipo con experiencia probada y que dichos cargos sean llenados vía Alta Dirección Pública, sin injerencia alguna de las autoridades de turno.
Se sugiere que, en el caso de ajustes menores a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, se presente una declaración jurada notificando la modificación, sin tener que esperar una respuesta por parte de la autoridad. Según la propuesta legislativa, esta medida podría resultar en una reducción de aproximadamente el 90% en los plazos, pero puede ser un arma de doble filo si el privado no la usa con responsabilidad. Deben quedar muy establecidas las sanciones y multas a un privado, si es que dichas declaraciones juradas no van en línea con la normativa vigente. No sirve de nada que el aparato estatal haga un esfuerzo por agilizar la aprobación de proyectos, si no cuenta con el compromiso y la responsabilidad del mundo privado.
También se propone estimular la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), eliminando la necesidad de justificar las cargas ambientales para las comunidades cercanas como requisito para iniciar una fase de participación. Con esta modificación, bastará con que 10 personas naturales directamente afectadas o dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica presenten una solicitud por escrito y dentro del plazo establecido. Esto último solo fomentará que grupos de interés, sin ninguna injerencia en las áreas de influencia de un determinado desarrollo, busquen trabar los proyectos solo por motivaciones ideológicas o políticas, no ayudará en nada en acelerar los plazos de aprobación.
Cualquier intento por reducir los tiempos de aprobación, no sirve mucho si no se propone nada respecto a las eventuales sanciones cuando los plazos establecidos por Ley no se cumplen. Esto aplica tanto para quien revisa como para quien presenta un proyecto. Hoy, por ejemplo, vemos que en las DOM la tramitación de permisos para desarrollar un proyecto inmobiliario en la RM tarda un promedio de 465 días, superando en 2,6 veces los plazos legales, según el Ranking Pro Vivienda desarrollado por Colliers.
Ya se han hecho intentos por mejorar esto, como por ejemplo la “DOM en línea” que, a pesar de llevar varios años en el aire, aún no es posible implementarla en un 100% y al mismo tiempo incorporar a todos los municipios en el sistema. Esto último es un muy buen ejemplo del por qué este proyecto debe ser estudiado y aprobado con la necesaria detención.
Por último, la estimación de la Comisión del Comité de Expertos, liderada por Manuel Marfán, de que la implementación de estos proyectos podría incrementar el PIB en un 2,4% en 10 años, es un indicativo positivo de los potenciales beneficios económicos, pero es imperativo cuestionar cómo se llega a esta cifra y si los beneficios económicos se distribuirán equitativamente. Además, la reducción de tiempos de tramitación, especialmente para empresas más pequeñas, puede ser un doble filo si no se asegura la adecuada evaluación de impacto ambiental y social.
En resumen, mientras la propuesta del Gobierno chileno muestra un enfoque positivo hacia la mejora de la permisología, es crucial abordarla con un escepticismo constructivo para evitar posibles efectos secundarios no deseados. La prudencia y la atención a los detalles son esenciales para garantizar que los cambios propuestos realmente impulsen un desarrollo económico sostenible y responsable.
Sergio Correa,
Gerente Inmobiliario de Colliers
