Sergio Correa

El reciente fallo que condena al municipio de Las Condes a pagar US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf por la paralización indebida de su proyecto, resalta la importancia de la certeza jurídica en el mercado inmobiliario. Este caso evidencia cómo las decisiones arbitrarias por parte de las autoridades pueden tener un costo significativo, no solo para las empresas, sino también para la confianza y estabilidad del sector.

En la dinámica urbana de la capital, un fenómeno está tomando protagonismo: la modificación de los planes reguladores comunales.

El Proyecto para la “Permisología” del Gobierno de Chile -liderado por el Presidente Gabriel Boric y respaldado por los ministros de Hacienda, Economía y Medio Ambiente- de impulsar los proyectos de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0) parece ser un paso positivo hacia la mejora de la tramitación de permisos y la agilización de los procesos para desplegar proyectos de inversión en el país, sin embargo, plantea una serie de interrogantes que deben ser considerados críticamente.

Las decisiones no deben basarse únicamente en discursos políticos o en la limitación de la altura de los edificios, sino en una visión integral.La política de altura y densidad debe ser producto de un diálogo reflexivo y consultas transparentes con los ciudadanos, y no simplemente una decisión unilateral basada en la retórica.Sergio Correa Espinoza, Gerente Inmobiliario de Colliers

En los últimos años, la inversión en propiedades en las regiones de Chile ha experimentado un crecimiento sostenido, y esto no es casualidad. Esta transformación en la mentalidad de inversión se ha visto impulsada por una serie de factores que hacen que las regiones sean una opción atractiva, ya sea para vivir o como inversión.