¿Permisología?
La semana pasada vimos con bombos y platillos el anuncio del envío a tramitación de dos proyectos de ley que ayudarán a reducir los plazos que requieren los proyectos de inversión para cumplir con los permisos necesarios para su implementación. Se trata de la reforma al sistema de regulación ambiental y una nueva ley marco de autorización.
En esencia, las iniciativas eliminan “instancias políticas que son discrecionales”, como señaló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, así también como precisar y hacer más operativa la manifestación de la objeción de personas naturales u organizaciones afectadas por algún proyecto, además de valorar opiniones técnicas.
El diagnóstico y evaluación de estas medidas buscan reducir de 8 años y un mes a 6 años y dos meses la tramitación de proyectos de desalinización de agua para consumo humano; de 4 años y 11 meses a 3 años y 8 meses los vinculados a líneas de transmisión eléctrica; de 9 años y dos meses a 5 años y 11 meses proyectos de explotación minera; los locales de alimentación de 8 meses a 2 meses y medios.
Sin duda que resulta impactante la demora para poder concretar proyectos muy importantes como aquellos para conseguir agua potable y alimentación, debiendo vivir un derrotero que evidentemente desincentiva cualquier iniciativa empresarial.
Lo curioso de todo esto, es que se recurre a la eficiencia estatal para lograr el tan anhelado crecimiento de nuestra economía, evidenciando lo perjudicial que puede resultar un estado grande que, pese a tener buenas intenciones, cae en demoras innecesarias. Esto se debe, tal como lo señaló la ministra Rojas, a una “discreción política”, en vez de dirigir los pasos del aparato público de acuerdo con directrices técnicas.
Sin embargo, queda latente la duda en quién confiamos, pues si realmente hay proyectos que contaminan o que deben demostrar ciertos estándares de calidad ambiental para no perjudicar la salud de la población, deben someterse a parámetros técnicos y sustentados en criterios objetivos, por lo cual no entiendo cómo hemos llegado a considerar que la labor estatal terminó en ser la causa del perjuicio en proyectos de inversión y que deben ser corregidos para lograr retomar la senda del crecimiento de nuestra economía.
Esta aplaudida iniciativa también debe ser extendida a una revisión de los procesos de fiscalización tributaria, tanto a nivel nacional vinculado al Servicio de Impuestos Internos, como municipal, pues es necesario evitar que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, someterlos a procesos de fiscalización generales o a engorrosos procedimientos para lo obtener las patentes municipales, dependiendo de las particulares prácticas que tienen las municipalidades.
Insisto en la reflexión de que, para levantar nuestra economía, el estado debe corregir las acciones que realiza, pues la esencia de su rol es estar al servicio de las personas y lograr el bien común y no inhibir el crecimiento del país.
Prof. Germán R. Pinto Perry,
Director Programas de Especialización Tributaria,
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC,
Universidad de Santiago
