El ministro de Hacienda presentará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024 la cual será analizada con mucha detención por los parlamentarios que ya han manifestados los criterios que aplicarán para evaluar la distribución de los ingresos fiscales que se espera lograr en los próximos meses, tal como lo ha manifestado la senadora Yasna Provoste quien anunció que se “requiere un Presupuesto reactivador y no austero”, siendo este anuncio distinto al realizado por el ministro Mario Marcel que ha señalado que será “austero”. Esto ya vaticina una dificultad porque el espíritu de quien preparó el proyecto y el de quien lo revisará, están en veredas opuestas.
Pero, en mi opinión, la Ley de Presupuesto será una “prueba de fuego” que el ministro deberá pasar, no para la discusión que comenzará este viernes, sino para la discusión que deberá enfrentar para lograr aprobar la reforma tributaria que surgirá del Pacto Fiscal que ha tratado de llevar adelante luego de haber fracasado su proyecto en marzo pasado.
La Ley de Presupuesto será la evidencia de que la autoridad económica reamente recogió las opiniones que diversos actores manifestaron en los Diálogos por un Pacto Tributario, que luego se denominó Pacto Fiscal, y también con las reuniones con empresarios y parlamentarios oficialistas que han morigerado las iniciales expectativas de recaudación, para llegar a un 2,7% del PIB, el cual aún resulta muy optimista de lograr.
En todo el derrotero que el ministro ha realizado, y del cual he comentado en mi columna del 4 de septiembre recién pasado, ha recibido la opinión de que antes de “pactar” un aumento de impuestos, es necesario que revise cuántos recursos fiscales puede reasignar y cuánto ahorro puede hacer de los ingresos con que ya cuenta, con el fin de destinarlos a paliar las necesidades sociales que se han demandado y que, al final, dejando de lado la mención que el presidente hizo en la Cuenta Pública de este año de condonar el CAE y pagar la “deuda histórica” que el Estado de Chile tiene con los profesores, se destinará a financiar la PGU, protección social, salud y seguridad ciudadana.
Lo anterior no es menor, pues un cálculo rápido arroja que los 91 mil nuevos puestos que el aparato estatal ha realizado durante este gobierno, la planilla de remuneraciones fiscales aumentó (por lo menos así se estima) en 3,6 mil millones de dólares. Si los 2,7% del PIB que espera recaudar ascienden más o menos a 8,1 mil millones de dólares, ya tendríamos financiado el 44,4%. Si sumamos lo que ya se recauda del nuevo royalty minero, nos faltaría cada vez menos y, al final, la reforma tributaria bien podría ser menor y no “estructural” como se planteó en un inicio.
Si consideramos las 38 medidas que impulsarán el crecimiento que está elaborando la “Comisión Marfán”, podríamos tener un horizonte más promisorio, pues con el ordenamiento de los gastos fiscales que contendrá la Ley de Presupuestos, más el apoyo al crecimiento y con un discreto aumento de impuestos, podríamos superar los problemas sociales que tanto nos aquejan.
No peco de mezquino al decir que el aumento de impuestos debe ser “discreto”, pues para que esta fórmula funcione, es necesario que exista crecimiento económico el cual, de todos los factores ya señalados, es el único que cuenta con evidencia empírica que demuestra su efectividad de su aporte para incrementar las arcas fiscales.
Es por tal motivo que la negociación de la reforma o pacto fiscal que será presentada en el próximo año tendrá una discusión fluida si el ministro Marcel demuestra que recogió el guante de realizar una efectiva ejecución del gasto, evitando destinar recursos a proyectos sociales mal evaluados y a financiar organizaciones que no cumplen con sus cometidos, dando así una “prueba de fuego” de que escuchó a quienes participaron en los diálogos realizados, permitiendo que la fórmula mágica de mayores ingresos fiscales producto de la eficiencia en su ejecución, más mayores ingresos fiscales gracias al crecimiento económico, más un incremento moderado en la carga tributaria dará como resultados el 2,7% que se ha estimado para cubrir las necesidades sociales y así cumplir con las promesas de campaña y del programa de gobierno que, al final, nos beneficia a todos.
Prof. Germán R.Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago