El conflicto ANFP llegó también a la discusión parlamentaria, donde se ha debatido álgidamente acerca de la legalidad de la operación de las plataformas en línea, a raíz del Oficio Ordinario N°5293 de 31 de agosto de 2023, del Subsecretario de Justicia, que instruye a la ANFP a dejar sin efecto los acuerdos con estas plataformas.
Carlos Baeza, abogado asesor de Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, advierte que el Oficio “es evidentemente ilegal e inconstitucional, tanto por razones de fondo como de forma. De fondo, porque se equivocan al mencionar la ilegalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea en Chile y la publicidad de estas. Y de forma, porque las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Justicia en ningún caso y bajo ninguna circunstancia le permite instruir dejar sin efecto contratos. Esta facultad recae exclusivamente en los tribunales de justicia y, por esta razón, este oficio es ilegal e inconstitucional y atenta contra lo señalado en el artículo 19 Nºs3,15 y 76 de la Constitución”.
Si bien, el vocero admite que esta opinión del Ministerio puede generar preocupación, es “totalmente equivocada, y nos parece muy delicado este error del Ministerio de Justicia”.
Además, Baeza reiteró que “la operación de las plataformas de apuesta en línea en Chile es absolutamente legal y no existe ninguna norma que prohíba su operación ni menos la firma de los contratos de publicidad. No hay ninguna irregularidad en esos contratos”.
Esto, explica Baeza, “se refleja claramente en las posturas de los congresistas, quienes tienen diferentes opiniones en torno a la legalidad de las plataformas, tema que se discutió ampliamente en la Comisión de Economía esta semana, donde incluso se recalcó que no se ha acompañado a dicha Comisión informe alguno que respalde la postura de la ilegalidad. En nuestro caso, existen informes en derecho de Arturo Fermandois y Javier Couso que confirman la legalidad de nuestra operación”.
“En lo que sí hay un consenso transversal es sobre la necesidad de regular la industria para generar un mercado transparente, competitivo, que proteja al usuario y que genere ingresos para el Estado”.
