Descentralización fiscal: oportunidades y riesgos
¿Se imagina usted a inversionistas británicos comprando instrumentos de deuda emitidos por municipios chilenos? Aunque parezca increíble, esto ocurría hace más de un siglo cuando ciudades como Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción, emitían deuda en el mercado inglés con garantía del gobierno central, y posteriormente se transaban en la bolsa de valores de Londres.
El proyecto de ley de financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, bautizado comunicacionalmente como “regiones más fuertes”, ingresado al Congreso en mayo, incorpora dentro de una serie de medidas, la opción a los gobiernos regionales a emitir deuda.
La descentralización fiscal es un objetivo deseable, ya que al acercar las decisiones a sus beneficiarios, se fortalece la rendición de cuentas en la toma de decisiones y se aprovechan ventajas de información, lo que permite mejorar la provisión de bienes y servicios públicos e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.
No obstante, el avance a una mayor descentralización no es un camino exento de problemas. Puede generar incentivos a un exceso de gasto por parte de los gobiernos locales. Estos pueden tener la expectativa de ser rescatados por parte del gobierno central y, en ausencia de un buen sistema de control por parte de este, puede terminar comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Mayores niveles de descentralización pueden dificultar la aplicación de políticas macroeconómicas de estabilización, ya que el nivel central pierde grados de control sobre los recursos.
Es por ello, como lo reconoce el mensaje presidencial del proyecto, que se requiere contar con mecanismos de control y de responsabilidad fiscal que sean consistentes con los grados de autonomía que crea esta ley. El proyecto incorpora varios de estos mecanismos, entre ellos, la obligación de realizar una programación financiera para los gobiernos regionales, el establecimiento de una regla fiscal regional y el desarrollo de “planes de regularización” en situaciones de incumplimiento.
En el caso específico del endeudamiento por parte de los gobiernos regionales, se limita solo al financiamiento de proyectos por parte de organismos internacionales multilaterales y con restricciones adicionales, tales como que el gobierno regional que emita deuda muestre “un desempeño fiscal acorde con los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”.
Aún así, existen oportunidades de mejora. Si bien el proyecto le entrega un rol al Consejo Fiscal Autónomo, sus atribuciones no son claras y tampoco se dejan establecidos en la ley los límites al endeudamiento de los gobiernos regionales. Por otra parte, al establecer que “Los gobiernos regionales no estarán comprendidos dentro de los servicios e instituciones del sistema de administración financiera del Estado”, éstos quedarían fuera de la actual regla fiscal, abriendo la puerta a que eventuales problemas de solvencia a nivel de las regiones afecten al gobierno central.
El proceso legislativo debe poner especial atención a estos temas. Si bien este es un camino necesario, ya que pese a los cambios de los últimos años las cifras de la OCDE muestran que nuestro país continúa siendo excesivamente centralizado en materia fiscal, una descentralización mal ejecutada puede terminar afectando la percepción de solvencia del gobierno central, impactando el riesgo país y aumentando el costo de financiamiento del fisco.
Gonzalo Islas,
Decano Facultad de Ingeniería y Negocios
Universidad de Las Américas
