Modernización del Estado en el Pacto Fiscal

El ministro de Hacienda sigue con su encomiable empeño de conversar con muchas organizaciones para lograr un “pacto” fiscal, como si la potestad tributaria del estado estuviera supeditada a la voluntad de los contribuyentes de pagar impuestos. En este cometido ha conversado con distintas agrupaciones como la Fundación Las Rosas, Fundación DKMS Chile, Fundación Infancia Primero y otras organizaciones como gremios, en vez de convencer a los parlamentarios quienes les cerraron la puerta en marzo pasado. Una de las organizaciones con la cual más de ha reunido para “pactar” ha sido la CPC, a la cual la semana pasada le expuso 18 nuevas medidas (no sé si están incluidas en las 36 que ya anteriormente presentó, con lo cual ya iríamos en 54) que buscan la modernización del Estado, dando una clara señal de compromiso en la eficiencia y eficacia del uso de los fondos públicos y en la asignación correcta de la mayor recaudación que espera lograr con estos pactos.

Esta nueva propuesta tiene 4 ejes centrales: calidad y eficiencia del gasto, calidad del servicio e innovación, transparencia e integridad y disciplina como también responsabilidad fiscal.

La calidad y la eficiencia del gasto se pretende lograr con una mejor evaluación de los programas y políticas públicas a través de un trabajo más focalizado de la DIPRES en la evaluación de los proyectos y programas fiscales, así también con una labor más eficiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Por otro lado, se busca una descentralización de las decisiones, agilización de los procesos de inversión pública, fortalecimiento de ChileCompra (tal vez hacer menos engorrosos los procedimientos y permitir que los organismos públicos compren a los proveedores que tienen menos precios y no preferir a aquellos que tienen más garantías como ocurre hoy), reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (¿significa que cambiaremos mayor contaminación por mayor crecimiento?).

También se busca el desarrollo de un gobierno digital a través del fortalecimiento de la gobernanza de los servicios y transformación digitales por medio de políticas en compras tecnológicas (¿Implicará mejor funcionamiento de la página web del SII?).

Las medidas que buscan la transparencia y la integridad se concentrarán en la elaboración de un marco regulatorio permanente que evite la discrecionalidad en la asignación de recursos a entidades privadas sin fines de lucro (las famosas fundaciones vinculadas a los partidos políticos) a través de las recomendaciones de un comité de expertos convocados por el gobierno (¿serán remunerados estos expertos?).

Se espera fortalecer incentivos y sanciones para asegurar la entrega fidedigna y a tiempo de la información.

Se institucionalizará la auditoría interna en el Estado a través de una ley que regule las funciones, organización, gobernanza, instrumentos y mecanismos de coordinación de la Auditoría Interna de Gobierno para garantizar la existencia de mecanismos de gestión, transparencia, integridad y eficiencia. Esto último me causa mucha curiosidad, pues fue el expresidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien introdujo la auditoria gubernamental, debiendo ser ya una institución madura y consolidada, por lo cual resulta curioso que ahora se plantee, como medida para lograr un pacto fiscal, su reformulación.

La disciplina y responsabilidad fiscal se espera lograr a través de definiciones a través de una ley de la responsabilidad fiscal, la disciplina fiscal de los gobiernos subnacionales, racionalización de las obligaciones financieras y legales y eficiencia en administración tributaria y rentas del capital.

Todas estas medidas, que algunas parecen redundantes, reiterativas y muy generales, buscan encantar a los empresarios para que valoren el compromiso que el Gobierno está ofreciendo para lograr el concurso de ellos en una eventual reforma tributaria que permita tener recursos para satisfacer las necesidades sociales que, según entiendo, fue el lineamiento que el presidente de le República hizo en la Cuenta Pública en junio recién pasado.

Lo que más me llama la atención, es que estas 18 medidas cubren aspectos que yo asumía que el aparato fiscal tenía consolidado en su funcionamiento desde los albores de nuestra República, pues no distan mucho del talante del gobierno que impuso Diego Portales en los cortos años de su gobierno, sembrando las bases de un aparto estatal que ha sido reconocido tanto por políticos de derecha como de izquierda, tal como lo desarrolla muy bien Gonzalo Arenas Hödar en su reciente libro “Diego Portales y la Tradición Política Portaliana”. Dado lo anterior, creo que las 18 medidas resultan muy peculiares para presentarlas como medidas para modernizar al estado, en circunstancias que, a parte de la digitalización estatal, son principios básicos que se dan por ya adquiridos en nuestro país y no veo cómo puedan ser un enganche para entusiasmar a los miembros de la CPC con el proyecto tributario que la autoridad está empeñada en realizar.

Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magister en Planificación y Gestión Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC

Universidad de Santiago